"Las autoridades sauditas ya silencian metódicamente y encierran a los críticos pacíficos con acusaciones espurias", dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de HRW, que lamentó seguidamente que "en lugar de mejorar la legislación abusiva, las autoridades sauditas se repliegan con la absurda respuesta de que las críticas al príncipe heredero (Mohamed bin Salman)son un acto de terrorismo".
La Ley Penal para Delitos de Terrorismo y su Financiamiento, publicada el 1 de noviembre pasado, quita amplios poderes del Ministerio del Interior, que son transferidos al Ministerio Público y un nuevo cuerpo denominado Presidencia de la Seguridad Pública, espacios que reportan directamente al rey.
La nueva norma reemplaza otra ampliamente criticada que fue promulgada en 2014 y que a su vez substituía otra de 2011, que en su momento también fue blanco de críticas por parte de organismos de derechos humanos.
Esta ley -reclamó Whitson en El Cairo- tiene una definición "demasiado amplia de terrorismo" similar a la ley anterior, aunque a diferencia de ésta la nueva incluye una referencia a la violencia con la cláusula "dañar a un individuo o resultar en su muerte", cuando el propósito es aterrorizar a las personas o forzar a un gobierno a que lleve a cabo una acción.
La nueva norma define el terrorismo como la "alteración del orden público", e incluye acciones tales como "atentar contra la seguridad de la comunidad y la estabilidad del Estado", "exponer la unidad nacional al peligro" todas las cuales -según HRW- son definiciones vagas que ya fueron utilizadas por las autoridades para castigar disidentes y activistas pacíficos.
Luego Whitson ejemplifica con los casos de destacados activistas sauditas como Abdullah al-Hamid y Mohammed al-Qahtani, que cumplen penas de 11 y 10 años, respectivamente, sobre la base de cargos que contienen un lenguaje similar.
El activista de los derechos humanos Essam Koshak se encuentra actualmente en juicio por cargos similares.
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo concluyó en mayo, después de una visita a Arabia Saudita, que estaba "preocupado por la inaceptablemente amplia definición de terrorismo y el uso de la ley antiterrorista de Arabia Saudita de 2014 y otras disposiciones de seguridad nacional" contra los defensores de los derechos humanos, escritores, blogueros, periodistas y otros críticos pacíficos".
Según HRW, dado el historial de represión de disidentes políticos y defensores de los derechos humanos en el país, la nueva ley "causa preocupación" ya que "podría permitir a las autoridades continuar persiguiendo a disidentes políticos pacíficos".
El nuevo texto permite también a la Fiscalía Pública detener y arrestar a las personas, intervenir sus comunicaciones y sus datos financieros y hacerse con sus bienes, bajo sospecha de terrorismo y sin supervisión judicial.
Las penas contempladas en la nueva ley también "hacen sonar las alarmas", según HRW, ya que prevén de tres a ocho años de cárcel para quien "apoye, promueva, simpatice o incite al terrorismo", así como quince años de prisión para quien "utilice su estatus académico, social o mediático para promover el terrorismo".
La nueva normativa introduce la pena de muerte no solo para aquellos que cometan actos terroristas como secuestrar personas o medios de transporte, sino también para "aquellos que amenacen con hacerlo", tanto si llevan armas como si "declaran tenerlas", aunque no las muestren, denuncia la ONG.
El príncipe heredero saudita "Mohamed bin Salman dice ser un reformista, pero encerrar a disidentes pacíficos como terroristas es el mismo viejo despotismo que hemos visto a menudo por parte de los gobernantes saudíes", concluyó Whitson.
