El Tribunal Oral Federal de Resistencia había otorgado a Casco el beneficio del arresto domiciliario en razón de su edad y las condiciones detención existentes en el pabellón de lesa humanidad de la Unidad Penal 7 (UP7), pero ese fallo fue apelado por la Unidad Fiscal para casos de derechos humanos.
Conocida la denegación de ese beneficio, el fiscal federal Diego Vigay señaló que si se hubiera otorgado con los fundamentos invocados por el TOF "habría sido un grave precedente y fue por eso que recurrimos esa decisión".
Con el mismo criterio, la jueza Niremperger afirmó que "nada impide que Casco continúe cumpliendo detención en un establecimiento carcelario como hasta ahora, sin implicar ello un agravamiento de las condiciones de detención y que se traduzca tampoco en un deterioro para su salud o ponga en riesgo su integridad física".
"No advierto que exista una violación a derechos constitucionales ni un agravamiento de las condiciones de detención que impliquen un trato diferenciado en relación a los restantes internos de la unidad", sostuvo la magistrada en el fallo conocido hoy.
Además, subrayó que los delitos de lesa humanidad por los que está imputado Casco son "de una gravedad institucional superior" y que "no sólo se rigen por nuestra ley nacional sino también por el derecho internacional que en sus principales premisas busca el cumplimiento efectivo de la pena por parte de los responsables".
Por su parte, Vigay advirtió que, si se daba lugar a lo solicitado por Casco, "deberían quedar en libertad los 400 internos alojados en pabellones de peores condiciones en función del principio de igualdad ante la ley".
De lo contrario, argumentó el integrante de la Unidad Fiscal, se estarían "estableciendo categorías de internos de primera y de segunda, siendo paradójicamente beneficiados quienes cometieron los crímenes más graves: los de lesa humanidad".
En agosto de este año, la jueza Niremperger procesó al ex jefe de guardia de la
UP7 Casco, al ex fiscal federal Roberto Mazzoni y otros imputados en la causa "Caballero II", por delitos de lesa humanidad cometidos contra presos políticos entre 1974 y 1979.
