Pérez Gamboa es el cuarto indígena muerto en medio de conflictos territoriales en lo que va del año que registra el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
El asesinato de este indígena se conoce por los testimonios que pobladores de Esperanza Río Wawa dieron a representantes de Cejudhcan en su más reciente gira de campo.
El informe detalla que Felipe Pérez Gamboa recibió una bala en la frente y otra en el cuello. Cayó y murió al instante, relató su hermano, quien huyó ileso del ataque y dio aviso a las autoridades comunales.
Al día siguiente un grupo de pobladores de Esperanza y Santa Clara se adentraron en la montaña para rescatar el cadáver de Felipe. En una hamaca lo trasladaron hacia Esperanza, donde la comunidad realizó el funeral.
El gobierno no acata medidas
Cejudhcan visitó las doce comunidades indígenas que tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las denuncias de violencia en la zona, y registró tres ataques en los últimos meses, todos involucran armas de fuego y notas de amenazas a las comunidades que se nieguen a ceder terrenos para ocupación y explotación de terceros.
El Gobierno de Nicaragua en sus informes ha responsabilizado de la violencia a los indígenas y ha criminalizado a los organismos de derechos humanos. Para justificar sus acciones menciona programas de educación, salud o de asistencia social en algunas comunidades del Caribe Norte, pero no explica ni detalla medidas de protección o prevención de actos de violencia.
Policía y Ejército negligentes
La Policía solo hace vistas esporádicas o rondines en los centros comunitarios. Fue por la insistencia de los pobladores de Esperanza que se movilizaron hasta la escena del crimen para tomar registro.
Ni en los tres asesinatos anteriores registrados por Cejudhcan, ni en el reciente asesinato de Pérez Gamboa la Policía o el Ejército han dado seguimiento a los casos o brindado información a las familias de las víctimas, reporta Cejudhcan.
Así como el Ejército se mueve para cuando desaparece una vaca, ¿cómo no se puede mover cuando los indígenas desaparecen? Eso es indignante para nuestro pueblo. ¿Entonces valemos menos que una vaca?” dijo Lottie Cunningham, directora del Cejudhcan.
Es en las parcelas, los bosques y las montañas donde se necesita vigilancia y resguardo del Ejército, órgano encargado de garantizar la seguridad a las seis comunidades, de las doce en conflicto directo, que gozan de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Hay impunidad y frialdad por parte del Estado de Nicaragua con la situación de nuestros indígenas. ¿Cómo es posible que el Ejército no pueda vigilar estas comunidades, pero se movilicen para rescatar vacas robadas, en la misma zona rural, en el mismo territorio?”, reclama Lottie Cunningham, directora del Cejudhcan.
Ella hace referencia a los casos en que productores de la zona de río Coco denuncian abigeato y luego medios oficialistas reportan como gran logro del Ejército la recuperación del ganado.
“Eso es indignante para nuestro pueblo. Es una situación de violencia que se ha agudizado desde el 2013. Hablamos de intimidación, secuestros, violaciones, asesinatos a vista y paciencia de un gobierno que actúa con frialdad ante el sufrimiento del pueblo indígena de la Costa Caribe”, expone Cunningham.
Otros asesinatos del 2017
El 25 de enero se registró la primera muerte indígena de este año por conflictos territoriales con colonos en la Costa Caribe Norte. Camilo Frank López, fiscal del Gobierno Territorial Indígena de Tuahka, fue asesinado a disparos en Wasakin, territorio tuahka, municipio de Rosita. Celedonia Salazar, jueza suplente de la comunidad Tungla, y su esposo el agricultor Tito González fueron asesinados también a balazos el 8 de septiembre, mientras descansaban en el corredor de su casa en Tungla del territorio Prinsu Awala, municipio de Prinzapolka.
