Especialistas y asociaciones de usuarios han dejado en claro que estos aumentos no guardan relación con los costos de las empresas energéticas. Tampoco responden a criterios de “gradualidad” ni de equidad. Por el contrario, recaen con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables, los trabajadores, clases medias y Pymes.
Estas empresas padecen un doble efecto negativo: por un lado, ven aumentar de modo exponencial sus costos, y por otro, no pueden descargar estos aumentos en los precios del mercado interno, deprimido por el mismo proceso inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo de la población.
Las autoridades nacionales siguen pretendiendo atacar la inflación por medio de altas tasas y el ingreso irrestricto de mercaderías al país. El resultado, una economía de sesgo especulativo, extractivo y de servicios, donde la industria nacional tiende a desaparecer y las economías regionales se deterioran día a día. En este marco sólo se benefician algunos rubros de grandes formadores de precios, con capacidad exportadora, que maximizan sus ganancias mediante la fuga divisas hacia afuera del país, y hacia adentro, la remarcación abusiva.
El manejo de las estadísticas oficiales no ayuda a clarificar la situación. Las supuestas mejoras enunciadas días atrás surgen por comparación con datos en 2016, año en que la propia política oficial llevó a la caída de la industria, el aumento del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario y la caída del mercado interno.
APYME llama al alerta de todos los sectores afectados en reclamo de que se reviertan estas políticas y se contemplen medidas urgentes y segmentadas para preservar y fomentar la actividad de las Pymes, la industria nacional, la economía social y los pequeños productores, que constituyen más del 90 % de las unidades productivas y dan trabajo a la mayor parte de la población en todo el país.
