El gobierno nacional intentó meter la cola en la causa en la que se investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Uno de los abogados del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, solicitó al juez Gustavo Lleral el pasado 29 de abril que cambiara la carátula, lo cual recibió una rotunda negativa.
La respuesta del magistrado, publicada por el sitio Infobae, se conoció este viernes. En ella, explicó: “Resulta jurídicamente imposible pronunciarme sobre el cambio de calificación jurídica a la que alude el letrado, ello en atención al estadio procesal que transita el expediente y a las medidas de prueba que se encuentran en proceso de ejecución”.
“A la luz del estado actual de la causa -abundó Lleral- y frente a la existencia de pruebas en proceso de materialización, se encontraría abiertamente reñido con el principio constitucional de imparcialidad judicial, derivado de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”.
Por otra parte, el juez le recordó a Soto que el Poder Ejecutivo no es parte del caso, ni como imputado, ni como querellante, ni como fiscal, ni como defensor. “NO revista la calidad de parte procesal legitimada en estos autos de conformidad con nuestra ley procesal”, remarcó, en mayúsculas y subrayado, como para que no queden dudas.
Hace unos meses, más precisamente en diciembre del año pasado, Lleral ya había rechazado un pedido similar, en aquella ocasión realizado por la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila.
En ese momento, el magistrado simplemente había respondido que no era “relevante”. Sin embargo, esta vez, ante el pedido del abogado del Ministerio de Seguridad, profundizó mucho más en sus razones.
