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» » Golpe al gobierno: Casación declaró imprescriptibles lo s delitos de corrupción

(31/08/18 - Gestión Macri, Corrupción)-.Pese a que en principio la medida apunta a tratar medidas de los años noventa, El trasfondo de la decisión tomada por los integrantes de la Sala Cuarta de Casación abre la puerta a que los delitos cometidos por el gobierno no caigan en el olvido. Si esta decisión se aplicara a todos los casos correspondería prisión al propio presidente por los tres mil quinientos autos contrabandeados desde Uruguay y que la Corte Suprema de la mayoría absoluta menemista dejó prescribir.

La Sala IV de la Cámara Federal decretó a través de los jueces Gemignani y Hornos que los delitos en los que intervienen funcionarios públicos resultan imprescriptibles. De esta forma procedieron en una causa de la década del 90 y sientan un precedente de cara a las causas actuales y futuras.

Los jueces Gustavo M. Hornos y Juan Carlos Gemignani de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decretaron que lo delitos ligados a la corrupción contra el Estado son imprescriptibles. Este argumento fue utilizado para reabrir una causa de sobreprecios de la década del 90 que en 2016 se había declarado su extinción.

El juez Hornos expuso que "el 5º párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma del año 1994, establece de modo literal que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema democrático".

En esta línea consideró que solamente son atentados contra la democracia "aquellas maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión puedan socavar las instituciones o los valores de la democracia". Entonces afirmó que "de acuerdo a la Constitución Nacional – 3º párrafo del artículo 36- las acciones respectivas contra los atentados contra el orden democrático resultan imprescriptibles",

El tribunal evaluó que "no es posible incurrir en una percepción ingenua ni en una mirada sesgada de la real dimensión que tienen los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado, considerando que, y especialmente en las naciones en vías de desarrollo, la institucionalidad y el Estado de Derecho se encuentran en crisis por la gravedad de esos actos que se llevan a cabo tanto en el sistema político como en el sector privado".

"Luego de analizar la imputación formulada en el caso concluyó que, en esa hipótesis, se está juzgando un grave hecho de corrupción que habría conllevado enriquecimiento. Por ello resolvió que no es constitucionalmente posible la prescripción de la causa y que debe celebrarse en forma urgente el debate oral y público", concluyeron.

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