Marcelino Ruíz (foto), de 67 años, fue conducido a una sub estación de la Policía Nacional, en la provincia de Los Santos, bajo la acusación de faltarle el respeto al presidente Juan Carlos Varela; allí fue multado por la suma de trescientos dólares, luego de que una jueza de paz se basara en el informe policial que, según el señor Ruíz, fue modificado por los agentes.
A consideración de una amplia esfera de la sociedad, en Panamá sobran razones para protestar, sin embargo las insinuaciones por coartar la libertad de expresión a manos de distintas administraciones, han venido siendo denunciadas por comunicadores y dirigentes sociales, al igual que la responsabilidad de los gobernantes en actos corruptos, generadores de empobrecimiento económico, cultural y político.
Otros sectores agregan que este problema se origina, en gran parte, debido a la falta de eficiencia de las autoridades, no solo de este gobiernos, quienes han fallado en la creación de canales de comunicación directa con la población, sin intenciones políticas y alejado del clientelismo.
La imposición de sanciones en contra de ciudadanos panameños por manifestar su descontento hacia las autoridades, generó el debate en el país, desde donde también se ha sugerido la importancia de mantener equilibrio y buscar alternativas para encontrar el entendimiento entre ciudadanos y autoridades.
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