Nuestro país ocupará por un año la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH), principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas y Mariela Belski, titular del capítulo argentino de la organización cuestionó la pérdida de derechos de nuestra sociedad bajo la administración neoliberal conservadora de Cambiemos.
Comunicado de AI Ser miembro del Consejo, así como desempeñar un rol de liderazgo, representa un doble compromiso: por un lado, supone la cooperación de Argentina con el sistema universal; pero a la vez, refuerza la responsabilidad del Estado de liderar posiciones y recomendaciones del CDH para hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos, y fortalecer su promoción y protección en todo el mundo.
“Argentina debe demostrar que está a altura de las circunstancias. Es por ello que no solo debe avanzar en la ampliación de derechos, sino, a la vez, abstenerse de implementar medidas regresivas que comprometan la responsabilidad del Estado y empañen su rol en el Consejo”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En este sentido, Amnistía Internacional reitera su preocupación frente a los últimos anuncios del gobierno en materia de seguridad, especialmente sobre el uso de armas de electrochoque, así como la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad, a contramano incluso de las recomendaciones del propio Comité de Derechos del Niño de la ONU.
Asimismo, exhorta a Argentina a revocar el DNU 70/2017 y frenar el retroceso en la legislación y la política migratoria, promoviendo ampliamente la regularización y el acceso a derechos de las personas migrantes.
Los órganos internacionales de derechos humanos de la ONU también han recomendado a Argentina la necesidad de armonizar los estándares de derechos humanos internacionales con el sistema jurídico interno en materia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen el acceso al aborto sin riesgos.
Finalmente, es indispensable que Argentina avance en la regularización de los territorios indígenas y garantice el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado sobre medidas administrativas y legales que puedan afectar sus territorios ancestrales.
“Como país miembro y vicepresidente del Consejo, es fundamental que el Estado mantenga una posición unívoca y coherente tanto a nivel local como internacional en materia de derechos humanos”, concluyó Mariela Belski.
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