La debilidad financiera de Argentina en el mercado internacional abrieron las puertas a la vuelta de los fondos buitre y los juicios millonarios contra el país. En el contexto de una deuda externa en alza, compromisos a pagar que en el mediano plazo presionan la política externa y el antecedente de la negociación de Cambiemos con los holdouts en 2016, el Gobierno puede verse acorralado por las aves de rapiña del sistema financiero.
En la última semana, el fondo Aurelius Capital Mangment demandó al país por U$S 83,7 millones que podrían ampliarse a más de U$S 3.000 millones si se suma el resto de los bonistas, lo cual está dentro de las posibilidades. Además, como la dilatación de juicios de esta naturaleza suelen durar años, la tasa de interés puede multiplicar el monto y complicar aún mas la situación.
¿Cuál es la razón de la demanda?
El reclamo de Aurelius a Argentina es por supuestas garantías sin pagar vinculadas a bonos atados a la evolución del PBI emitidos a inversionistas en reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010. Esto se desprende del cambio en la serie que mide el PBI que aplicó el ex ministro de Economía Axel Kicillof, por el cual se redujo la estimación de crecimiento para el 2013.
El origen de la demanda no es el cambio de la base de cálculo en sí, ya que el Gobierno está legalmente habilitado para realizar esas modificaciones. El cuestionamiento pasa por la “sospecha” de que esa modificación se hizo para no realizar los pagos correspondientes.
Sobre esto último, el exviceministro de Economía durante el período que Aurelius estipula en su demanda, Emanuel Álvarez Agis, le dijo aEl Destape que “es muy tirado de los pelos recurrir a ese argumento porque claramente el proceso se hizo correctamente, por eso es el único fondo que hizo el reclamo”.
Para Álvarez Agis, “esto es producto de las políticas de Macri y el haber cedido ante los buitres en su momento”. Es así que ponderó que “el proceso de reestructuración de deuda de Argentina fue respaldado por 137 países en la ONU”. Respecto al momento político en el cual Aurelius inició la demanda, el exfuncionario no tuvo dudas al señalar que “se aprovecha de la vulnerabilidad del Gobierno en términos financieros y la vuelta al FMI”.
Los buitres revuelan sobre YPF
Sumada a la demanda de Aurelius, el fondo buitre Burford Capital compró los derechos de la familia Eskenazi y alegó un serio perjuicio por la nacionalización de la petrolera argentina YPF. La Corte Suprema de los Estados Unidos postergó su decisión y consultó la opinión de la Casa Blanca antes de determinar si esta demanda (de U$S 3.000 millones) continuará su curso en Nueva York o si será trasladada a los tribunales de Buenos Aires.
A pesar de que el proceso de expropiación no forma parte de una operación comercial, el fondo insistió en avanzar con el juicio. En el mercado especulan con un fallo adverso que podría llegar entre el último trimestre de este año y el primero de 2020.
En diálogo con este medio, el abogado especialista en derecho financiero que llegó a ser asesor en el Banco Central, Sebastián Soler, afirmó que “el Gobierno debería haber incluido en el proyecto de ley de 2016 que todos aquellos que hayan ingresado al acuerdo renuncien a hacer juicio con los bonos emitidos en los canjes 2005 y 2010”.
En ese entonces, Macri resolvió pagarle a Paul Singer, dueño del fondo de inversión de alto riesgo Elliott Management Company y quien había rechazado durante 15 años un acuerdo con Argentina porque el default de su deuda no cumplía con sus expectativas. Sin embargo, ni siquiera se planteó la discusión en establecer cláusulas como las que indicó Soler.
De esta forma, la probable erogación de U$S 6.000 millones se sumaría a la deuda externa local -que sólo por las devoluciones de los desembolsos del FMI necesitará casi U$S 45.000 millones entre 2022 y 2023- en un contexto difícil en el panorama internacional. Los países emergentes enfrentarán serias dificultades de refinanciamiento por el récord de vencimientos a nivel global.
Ahora resta saber qué posición tomará el Gobierno para afrontar las batallas judiciales que están por venir. Soler recalcó que “el Gobierno debiera hacer públicos los documentos de defensa del país tanto en el caso de YPF como también en todos los que deba enfrentar”.
Por su parte, Álvarez Agis sostuvo que “no debería haber partidismo y es una cuestión donde Cambiemos tendría que sentar una postura común consecuente a la defensa que hizo el kirchnerismo en su momento”.
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