Gracias a esa modificación que impulsó y aprobó Cambiemos, ahora se podrá construir hoteles, restaurantes y demás emprendimientos inmobiliarios en los barrios linderos al aeropuerto de El Palomar. La modificación se hizo al tiempo que comenzaron a llegar telegramas de desalojo a familias del barrio aeronáutico.
Según los concejales denunciantes, que se presentan a la justicia con el patrocinio de la Doctora Claudia Sambro Merlo, tanto el intendente como sus concejales incurrieron en los delitos de: Incumplimiento de los deberes de funcionario público; Asociación ilícita; malversación de caudales públicos y falsificación de documentos.
En la denuncia se argumenta que la ordenanza que modificaba el COU debió haber pasado por las comisiones (eso no ocurrió) y que debió ser tratada en audiencia pública como ordena el reglamento interno.
González expresó: “Sancionaron en la última sesión del año (2018) una ordenanza en donde se modificaba el COU para permitir actividades que están relacionadas con el Aeropuerto y no tuvimos otra alternativa que presentar una denuncia ante la justicia. Primero una medida cautelar para frenar todos los efectos de la ordenanza y además consideramos que fue sancionada de forma irregular porque no se llamó a audiencia pública como establecen las normas vigentes”.
González también hizo referencia a las irregularidades administrativas de la ordenanza: “Fue un expediente que vino al Concejo Deliberante con muchas irregularidades administrativas y algunas graves como el faltante de folios que no sabemos ni siquiera que decían ni por qué los arrancaron del expediente”.
“Este perjuicio que le quieren causar a los vecinos va a devenir en una catarata de juicios que les van a causar un perjuicio económico al municipio”.
Por último, el concejal denunciante subrayó la incongruencia de que la fiscal que tiene que investigar la denuncia es la pareja de un funcionario involucrado en el expediente: “La denuncia está en la fiscalía N°4 que está a cargo de la Doctora Valeria Courtade y nosotros hemos pedido su recusación porque es la esposa de alguien involucrado en el expediente (el secretario de legal y técnica del municipio, Gustavo Triemstra). No va a haber imparcialidad y por eso pedimos al juzgado de garantía que la fiscal no intervenga. Ahora estamos a la espera de esa respuesta pero igualmente la fiscal sigue actuando cuando debería apartarse de la causa”.
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