La iniciativa fue aprobada con el respaldo de 130 votos que fueron aportados por el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, y el Frente Cívico de Santiago, en tanto que la oposición se aglutinó detrás del rechazo y reunión 99 voluntades.
La presidenta del bloque de diputados del oficialismo, Juliana Di Tullio, aseguró que el actual código "no le sirve a nadie sólo a una docena de jueces que tiene todo el poder en sus manos y a los argentinos y argentinas".
En su discurso, la jefa del bloque oficialista cuestionó a la oposición que "se pone en el lugar de defensa de las corporaciones" cuando todos los partidos políticos "vienen reclamando desde la restauración democrática el cambio de este código".
“Ustedes creen que los únicos actos de corrupción los comete la política y lo repiten, y les recuerdo que en el caso de las cuentas no declaradas en Suiza sacando empresarios poderosos hay sólo un personaje de la política" que es de un partido político "que se la pasa denunciando corrupción", en alusión a un dirigente de la Coalición Cívica.
Previamente, el jefe del bloque radical, Mario Negri, justificó el rechazo al proyecto promovido desde el oficialismo porque "se debe hacer en conjunto con una ley de Ministerio Público y juicio por jurados" y dijo que el objetivo de esta ley "es aumentar el poder" de la Procuración General de la Nación.
La sesión se inició pasadas las 12.20 con la presencia de 129 diputados correspondiente al oficialismo y sus aliados, ya que la oposición sólo bajó al recinto una vez que el FPV logró reunir el quórum.
Al inicio del debate, la presidenta de la comisión de Justicia, Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria), destacó la importancia de convertir en ley el nuevo texto del código, al sostener que el nuevo sistema procesal “establece una nueva organización judicial" y apunta “a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites”.
Desde el radicalismo, el diputado nacional Manuel Garrido respaldó el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio, previsto en el proyecto oficial de nuevo Código Procesal Penal pero cuestionó la iniciativa, al rechazar que el texto “le dé mucho poder” al Ministerio Público Fiscal.
Por el Frente Renovador, el diputado Oscar Martínez, rechazó el proyecto oficial, al considerarlo “incompleto” y por “concentrar poder en la titular del Ministerio Público” Fiscal, a la vez que dijo que con el líder de esa fuerza, Sergio Massa, “queremos poner énfasis en las víctimas, no en los delincuentes y queremos terminar con la puerta giratoria”.
En nombre del bloque del Frente Amplio Progresista (FAP), el presidente del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza, rescató la trascendencia de reemplazar el modelo inquisitivo en manos de los jueces para pasar a un modelo acusatorio, aunque rechazó la aprobación del nuevo Código Procesal Penal en Diputados por otros aspectos contemplados en la iniciativa.
Desde el PRO, Pablo Tonelli, anticipó el rechazo de su bloque al sostener que “hacen falta normas complementarias para que este Código entre en vigencia con éxito: la ley de implementación, el Código Penal, la ley orgánica del ministerio público, el régimen penal juvenil y el de ejecución de penas”.
“Este código no tiene posibilidades de entrar en vigencia por la falta de estas leyes, lo cual convierte en nulo el argumento de la urgencia planteado por el oficialismo”, aseveró.
En tanto desde Unidad Popular, Claudio Lozano, consideró que se trata de “un debate reformista necesario” pero lamentó que “no se haya dado en profundidad”, lo cual implica, dijo, “cómo elegimos los fiscales y qué papel cumple la Policía en las investigaciones”.
La iniciativa oficial incluye profundas modificaciones respecto del Código actual, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.
Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.
