"Este es el momento para avanzar en la revisión de los principios de la jurisdicción internacional", dijo Baltasar Garzón en la presentación del Congreso Internacional de Jurisdicción Universal en el siglo XXI organizado por la fundación que dirige el ex magistrado español.
El 9 y 10 septiembre próximos juristas y defensores de derechos humanos de todo el mundo se reunirán en Buenos Aires para reflexionar sobre los delitos que vulneran los derechos humanos como la trata de personas, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, entre otros.
"Argentina está a la cabeza mundial en la práctica, el desarrollo y la investigación judicial de crímenes internacionales de lesa humanidad y genocidio", destacó el presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR). Para Garzón el objetivo del Congreso es "unir esfuerzos y generar mecanismos de protección de las víctimas".
"Es muy importante que cualquier juez en cualquier parte del mundo pueda investigar crímenes contra la humanidad. Las víctimas lo saben porque este es un mecanismo de protección", explicó el ex juez español.
El acto de lanzamiento tuvo lugar en Cancillería y, además de Garzón, participaron del panel de presentación el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Luciano Hazan; la jueza María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Asociación Justicia Legítima; el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky; Paulo Abrão, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR y Juan Matteo, secretario de la Federación Argentina de Municipios.
"Los principios de Madrid que se discutieron en aquellas jornadas tienen mucha potencia para luchar contra la impunidad global", aportó Hazan. "Estamos en un momento de madurez que nos permite trabajar sobre los desafíos del principio de jurisdicción internacional. Este principio sufre de presiones políticas", dijo el funcionario.
Y propuso observar la importancia de las fiscalías especializadas para avanzar sobre la democratización de la jurisdicción internacional y ponerle límites a esas presiones.
Paulo Abrão coincidió con el discurso de Hazan. "
La jurisdicción internacional no tiene que tener fronteras, no puede tener limitaciones", dijo. Además valoró que el encuentro de septiembre se haga en el país: "Es coherente que después de haber hecho el encuentro en Madrid se haga en Buenos Aires y a 40 años del Plan Cóndor".
Cuando fue su turno para hablar, Garrigós de Rébori señaló que "los argentinos hemos transitado un interesante camino en el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos. El Poder Judicial ha dado muestra de mayoría de edad cuando decidió tomar ese desafío. La colaboración internacional favoreció el avance de nuestras propias investigaciones".
Luego resaltó la importancia de hacer foco en los problemas ambientales desde una perspectiva de jurisdicción universal. "Una Justicia internacional universal debería atender precautoriamente estos temas" expuso.
Verbitsky rescató el rol del juez español en el proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia. "Para el CELS el derecho internacional siempre ha sido una de las formas de ponerle un límite a la violación de los derechos humanos", dijo.
Luego hizo un recorrido sobre las oportunidades en las que el organismo que preside tuvo que recurrir al sistema interamericano y cómo las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se volvieron una poderosa herramienta para la protección.
El auditorio de Cancillería estaba lleno. Entre el público hubo embajadores, legisladores, funcionarios, titulares de las procuradurías especializadas y distintos fiscales y jueces.
Hacia el Congreso Jurisdicción Universal
El encuentro de septiembre supone el cierre de un proyecto que comenzó en mayo de 2014 en España con la declaración denominada “Principios de Madrid”, en donde se incluyeron los nuevos principios relacionados con la jurisdicción universal, que tienen como objetivo fundamental la persecución de los delitos que tienen consecuencias devastadoras para la humanidad.
Más allá del catálogo tradicional de crímenes de lesa humanidad, el documento incluyó otros actos punibles como la trata de personas, los delitos medioambientales graves o aquellos cuya repercusión económica suponen una violación de los derechos fundamentales de la población civil.
En una segunda fase del proyecto el texto se remitió a diferentes países para su discusión, análisis y replanteo, con el objeto de incluir opiniones, experiencias y realidades, de modo que los nuevos principios reflejen el actual contexto global.
Así, se organizaron sesiones de grupos de trabajo de carácter regional en Puerto Rico, con asistencia de ponentes de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Perú, México, Ecuador, Guatemala, Benín y Camerún; en Asunción, con expertos de Argentina, Paraguay, Chile y España; en Johannesburgo, convocando a especialistas de Sudáfrica, Ghana, Liberia, Yibuti y Kenya; de La Haya, con expertos de Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Suiza, Bélgica; de Ammán, en donde debatieron juristas y expertos de Marruecos, Egipto, Palestina, Pakistán e Israel; y en la pequeña localidad española de Alfaz del Pi, que concentró a juristas y académicos de España, Italia, Noruega, Malasia y Ghana. Finalmente, en el mes de agosto, se celebrará el grupo de trabajo de Kuala Lumpur, en Camboya, que reunirá a expertos asiáticos.
El objetivo de estos grupos de trabajo multidisciplinares ha sido preparar el debate final que tendrá lugar en Buenos Aires en septiembre. Toda esta labor previa cristalizará en un evento que pretende aglutinar a los mejores especialistas y autoridades en la materia. En este marco, Argentina será el escenario de un evento de primer nivel internacional.
El Congreso será en el Teatro Cervantes y está pensado como un foro abierto de debate. Habrá conferencias magistrales y contará con la visita de múltiples especialistas de todo el mundo.
