Los querellantes en la causa por hechos de violencia perpetrados por la Policía Metropolitana en el Hospital Borda pidieron a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC) que anule los sobreseimientos del jefe de Gobierno Mauricio Macri y otros funcionarios porteños, por lo que calificaron como una “salvaje represión” y una “cacería” de periodistas, legisladores, trabajadores y pacientes.
Lo hicieron ante la Sala III del tribunal al fundamentar, en sendos informes “in voce”, los recursos de casación contra los sobreseimientos que la Cámara en lo Criminal dictó a favor de Macri, la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete y candidato a la Jefatura, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Seguridad, Guillermo Tristán Montenegro, y de Salud, Graciela Reybaud.
Pasado el mediodía, la Sala presidida por Leonardo Días e integrada por Carlos Mahiques y Pablo Jantus dispuso un cuarto intermedio para resolver una cuestión planteada por uno de los defensores contra el informe oral de uno de los querellantes.
Antes, el defensor oficial que patrocina a los pacientes del Borda que resultaron heridos en aquella ocasión, Gerardo Etcheverry, junto con el abogado de dos trabajadores del centro de salud que también fueron lesionados, Rodrígo Ravetti, y el letrado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Martín Alderete, reclamaron que prosiga la investigación y se cite a indagatoria a los funcionarios porteños.
Las querellas también pidieron que se anulen los sobreseimientos del jefe de la Policía Metropolitana (PM), Horacio Giménez, el subjefe, Ricardo Pedace, y el oficial de esa fuerza Rubén Darío Pachano.
Por su parte la defensa de los funcionarios porteños solicitó a su vez que se confirmen los sobreseimientos, se rechacen los argumentos de las querellas e hicieron valer el argumento de la falta de pruebas y que no se puede penalizar a los que están jerárquicamente por encima de los acusados.
La mañana del 26 de abril de 2013, la Metropolitana “no actuó para preservar la seguridad” del personal de una empresa a la que se le había encomendado la demolición del "Taller Protegido 19" que funcionaba en el hospital, sino que se trató de “una cacería" por parte de los efectivos de la PM por la cual Macri y los demás funcionarios de la ciudad “son responsables por comisión u omisión”, sostuvo Ravetti.
Para el letrado “no hubo excesos” de los cientos de efectivos policiales, “sino una represión organizada”, ya que mientras “la demolición del taller” terminó a las 10 de la mañana, las agresiones contra legisladores locales, trabajadores, pacientes y periodistas “continuaron hasta las 15”.
Etcheverry afirmó que, según la prueba reunida en el sumario, se registró un ataque “a personas desarmadas” y “por la espalda”, lo que “nos e puede justificar.
Alderete también sostuvo que “la acción represiva” de la PM “comenzó desde temprano" y que la ilegalidad del operativo fue “claramente visible”, ya que durante el episodio la policía de la ciudad “arrojó gas pimienta y balas de goma".
Macri y los demás funcionarios porteños “sabían lo que estaba ocurriendo” y “no hicieron nada para impedirlo”, coincidieron los representantes de las tres querellas.
La audiencia se realiza en una sala ubicada en la planta baja de Lavalle 1171 de esta capital, donde, al término de los informes orales de las querellas se aguardaba la de los defensores de los beneficiados con los sobreseimientos que, adelantaron, pedirán que se confirme lo resuelto en la instancia anterior.
