La absolución de todos los acusados en el juicio por las coimas en el Senado para la sanción de la Reforma Laboral en 2000 comenzará a ser revisada a partir de hoy, en una audiencia citada a las 12 por la Cámara Federal de Casación Penal.
La Sala I del tribunal citó a las partes en Comodoro Py 2002 para que argumenten las apelaciones presentadas por la fiscalía y la querella de la Oficina Anticorrupción contra las absoluciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal 3, que beneficiaron al ex presidente Fernando de la Rúa y funcionarios de su gobierno.
Además de De la Rúa fueron beneficiados por esa sentencia el ex titular de la SIDE, Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; y a los ex senadores nacionales Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo, Ricardo Branda, así como el "arrepentido" Mario Luis Pontaquarto.
En diciembre del 2013, al cabo de tres años y medios de juicio, el TOF 3 absolvió al ex presidente de la Rúa y a los restantes acusados de las denuncias de haber pagado y cobrado para la tramitación en el Senado de la Nación de una ley de flexibilización laboral, 13 años antes. En la audiencia, los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Luis María Cabral escucharán en una los argumentos de la fiscalía y la querella para revisar esa decisión.
La fiscal de aquel juicio, Sabrina Namer, que recientemente ganó un concurso para ocupar un juzgado federal, y la Oficina Anticorrupción pidieron que se anule la sentencia y deberán exponer sus argumentos. Para la fiscalía, el TOF 3 realizó un "examen parcializado de la prueba" y en su fallo "se limitó a "lanzar diatribas y adjetivos descalificadores contra la labor de todos los demás magistrados que intervinieron en la causa en etapas anteriores".
Casación ya cuenta con un dictamen favorable del fiscal ante ese tribunal, Javier De Luca, quien fustigó el fallo por considerar que el TOF 3, integrado por los jueces Miguel Pons, Fernando Ramírez y Guillermo Gordo, desechó "cientos de indicios graves, precisos y concordantes" a la hora de dictar la sentencia absolutoria en un caso que consideró “de gran trascendencia política y social”.
En ese escrito De Luca solicitó además que se anule la sentencia impugnada y que se envíe la material recolectado en la causa al tribunal oral que corresponda para que se realice un nuevo juicio.
