La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó como veedora de todo el proceso y acompañó el pedido de la fiscalía y los defensores de la mujer, una migrante boliviana víctima de violencia de género.
M.B. fue condenada en octubre de 2015 a 10 años de prisión por considerarla co-autora del delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa de su pequeño hijo. El Tribunal Oral Criminal 2 la encontró responsable de las graves lesiones provocadas al niño, con los votos condenatorios de las juezas Liliana Elizabeth Torrisi y Silvia Edith Hoerr; el juez Claudio Joaquín Bernardt emitió su voto en minoría pidiendo su absolución.
Lo que las juezas no tuvieron en cuenta al fallar de ese modo fue el contexto de violencia de género del que M. B. era víctima desde que había llegado a la Argentina desde Bolivia, sometida por la presión del padre de su hijo. Durante el proceso la CPM había presentado un amicus curiae solicitando que el Tribunal incorporara una “perspectiva de genero” a la hora de juzgar los hechos, considerando que M.B. se encontraba y se encuentra en una intensa situación de subordinación y vulnerabilidad.
Cuando M.B. se radicó en la Argentina, ya nunca pudo salir del hogar, ni a trabajar, ni a nada. Era víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja, que además le retenía su documentación. En ese marco sucedieron las agresiones por parte de su concubino que pusieron en riesgo la vida de su hijo. Desde la CPM consideran que la imputada quedó en medio de una interseccionalidad de modalidades de violencia y diversas formas de discriminación por ser mujer, pobre y migrante.
Desde la CPM consideran que la imputada quedó en medio de una interseccionalidad de modalidades de violencia
En este diagnóstico coinciden su defensa, asumida por el defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctor Mario Coriolano, la relatora especializada en género, doctora Marina Gómez Córdoba, y la fiscal de Casación, doctora Daniela Bersi, quienes solicitaron a los jueces la absolución de M.B. Para ello se argumentó que el fallo de primera instancia no había contemplado la situación de vulnerabilidad, no había adoptado una perspectiva de género, no consideró a testigos claves respecto de la situación que atravesaba M.B. y tampoco respetó el principio de congruencia, ya que la acusación fiscal se había limitado a solicitar una condena por abandono de persona para, luego, co responsabilizarla de las lesiones.
Frente a los jueces de Casación Mario Eduardo Kohan y Carlos Angel Natiello, M.B. volvió a relatar cuáles habían sido las circunstancias de los hechos, y tanto en la exposición de la Fiscalía como de la Defensoría se reiteró la importancia de la incorporación del amicus curiae presentado por la CPM como de un informe de la OVG, dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Queda ahora esperar la sentencia.
