Ex agente civil de inteligencia del Destacamento 121 de Rosario, Bosi fue indagado por el juez federal Marcelo Bailaque, en el marco del tercer tramo de la denominada "causa Guerrieri" que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en esa ciudad santafesina.
"En la indagatoria, hizo un breve descargo, se abstuvo de contestar preguntas y dijo que esperará hasta que sus abogados tengan completo conocimiento de la causa", dijo a Télam el fiscal general Adolfo Villatte, quien acusa a Bossi por los delitos de genocidio y asociación para cometerlo.
Villate cree que Bossi fue detenido en la dictadura en 1976 o bien como parte de una “interna” de los servicios de inteligencia de la dictadura o bien, lo más probable, parte de un plan para infiltrar a Bossi en alguna de las organizaciones armadas que actuaban en Rosario.
Fue el fiscal Villate, a cargo de la Unidad Fiscal que interviene en Rosario en causas por delitos de lesa humanidad, quien contó que Bossi dijo en el curso de la indagatoria realizada en la cárcel de Ezeiza que también él fue "víctima del terrorismo de Estado" y que por eso cobró una indemnización.
"Cómo no dio precisiones sobre este punto, que vamos a investigar, suponemos que al calificarse como 'víctima' se refería a una causa judicial abierta en su contra en 1976 por la ley 20840 (de 'actividades subversivas'), incorporada por nosotros al expediente Guerrieri III y que por varias razones lleva a pensar que ya en ese momento, probablemente, era agente del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario".
Según la mencionada causa por la 20840, Bossi fue detenido en un control de vehículos por integrantes del Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe (D-2) que hallaron "panfletos subversivos" en el automóvil en que viajaba junto a una mujer.
"Lo llamativo es que la defensa de Bossi ofrece en esa causa como testigo al entonces teniente Daniel Amelong, un represor del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército", señaló Villatte.
Amelong y Bossi eran amigos desde la infancia común en Fisherton, puntualizó en su momento otro represor, Eduardo “Tuco” Constanzo.
Llegado el momento de presentarse como testigo, "Amelong se excusó mediante una nota del segundo jefe del Destacamento 121, que firma Jorge Roca, uno de los seudónimos que utilizaba (el entonces mayor) Pascual Guerrieri, quien, además, dio excelentes referencias de Bossi”, siguió explicando Villate.
La citada nota, enviada por la Jefatura del Destacamento 121 al juzgado federal, dejaba "constancia que en la comunidad informativa que atañe a este Destacamento, el señor Juan Carlos F. Bossi no registra antecedentes desfavorables gozando de un excelente concepto en todo aspecto".
De acuerdo con su legajo de servicios en el Ejército, Bossi integró formalmente la inteligencia del Ejército recién al año siguiente, desde el 1° de octubre de 1977 hasta el 1° de mayo de 1981, en calidad de "colaborador del Destacamento" 121 en la especialidad de "agente S".
Según el expediente judicial, pasó a ser "agente S" de la mano de Amelong, en ese tiempo subjefe de Operaciones Especiales de Inteligencia del Destacamento 121 y quien suma en la actualidad tres condenas por delitos de lesa humanidad en los juicios de las causas Guerrieri I, Guerrieri II y Hospital Militar de Paraná.
Villatte señaló además la importancia de la nota que Guerrieri firma con el seudónimo "Jorge Roca", alias que habían señalado numerosos testigos pero que por primera vez confirma un escrito presentado en sede judicial.
Consultado sobre si tenía alguna hipótesis respecto de la detención de Bossi, la causa por la 20840 y un decreto que lo puso a disposición del Poder Ejecutivo en 1976, Villatte dijo que esos hechos debían ser investigados pero que podían responder a "una interna entre servicios de inteligencia o a la intención de crearle una 'historia' que facilitara su ulterior infiltración" en organizaciones opositoras a la dictadura.
En todo caso, reflexionó el fiscal, de otra forma que no sea la relación previa con la inteligencia represiva "no se explica que una persona supuestamente detenida y sometida a un proceso judicial por la ley 20840 haya sido luego incorporada como Personal Civil de Inteligencia".
En una entrevista realizada el pasado 20 de marzo, “El Tucu” Constanzo, quien actuó en el centro clandestino de detención instalado en la quinta conocida como “La Calamita” pero sólo en horario diurno, dijo de Bossi que se jactaba de haber inyectado prisioneros con una solución desconocida hasta desmayarlos, y luego asfixiarlos con las gomas con que se corta la circulación en los brazos para extraer sangre, y que para hacerlo se ponía una chaquetilla blanca, lo que le valió el mote de “El Enfermero”.
Bossi utilizaba un nombre de fantasía, “Julio Cesar Balonchard, era muy callado y respondía nada más que a Amelong. Nos teníamos que cuidar mucho de él porque era un alcahuete bárbaro de Amelong”.
“Era frío y violento– continuó diciendo Constanzo. “Una vez vino a mi casa, hace varios años, cuando hice una nota con este mismo diario donde lo nombraba y describía que se ponía esa chaquetilla blanca para inyectarlos. Entonces me reprochó que hubiera contado eso. Me vino a apretar, pero lo confronté.
“Como yo no voy a decir quiénes eran los que mataban a la gente si a mí solo por decir estas cosas me cargaron 16 homicidios, cuando yo no les había tocado ni la punta del pie. Cómo yo no voy a contar quienes eran estos criminales para que la justicia se entere”, preguntó retóricamente.
“Lo que no entiendo es por qué motivo la justicia después que yo cuento estas cosas me termina armando causas a mí. Parece que a algunos en la justicia les molesta que yo haya declarado contra los militares”, concluyó Constanzo.
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Bossi fue capturado por Interpol en Medellín en marzo de este año y se halla detenido en el hospital intramuros del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, desde el 25 de noviembre pasado, cuando arribó tras un breve proceso de extradición, ya que padece un cáncer de pulmón.
Las 122 víctimas por las que está imputado Bossi pasaron por los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y la Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu", controlados desde el Destacamento 121 de Inteligencia y el II Cuerpo de Ejército.
