Tras más de dos décadas prófugo y 4 años y medio de haber sido detenido, será llevado a juicio el ex comisario Luis Raúl Ponce, quien dio las órdenes para que se detuviera a Andrés por el supuesto robo de una bicicleta y se lo trasladara a la Brigada de 61 entre 12 y 13 para interrogarlo con métodos de tortura hasta matarlo. Tras el crimen coordinó el ocultamiento del cuerpo en busca de impunidad.
Andrés Alberto Nuñez, fue secuestrado, asesinado y desaparecido el 28 de septiembre de 1990 por el accionar del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano.
Hasta el momento, y tras 26 años de luchar por justicia, sólo se ha conseguido parte de lo que se reclama: se ha condenado a perpetua a 2 de los policías responsables (Víctor Dos Santos y Alfredo González); Luis Raúl Ponce llega a juicio tras estar prófugo por 20 años y ser capturado en 2012; hay un cuarto responsable que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla) y un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso, Amílcar Benigno Vara, que murió impune en marzo de 2014 (en la IPP 43576/10 de La Plata).
Dado que la causa lleva 26 años abierta, y es uno de los procesos con mayor tiempo de trámite en la justicia penal bonaerense, se instruye bajo el viejo código procesal penal por lo que se debió conformar un tribunal ad hoc para el debate oral. Estará integrado por los jueces Eduardo Raúl Delbés (presidente vitalicio de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal), María Silvia Oyhamburu (vicepresidente de la Sala 1 de la misma Cámara) y Claudio Bernard (vicepresidente del TOC 2).
El juicio a Dos Santos y González, realizado en 2010 y con sentencia ya confirmada a perpetua por torturas seguidas de muerte, lo realizó un tribunal integrado por jueces de las distintas salas de la Cámara, en aquella oportunidad los doctores María Elena Riusech, Laura Lasaga y Raúl Dalto. Ponce será defendido por los doctores Oscar Salas y Christian Romano del estudio “Salas y Asociados”, quienes también patrocinan al ex integrante de la CNU Juan José “Pipi” Pomares en una causa por delitos de Lesa Humanidad a la espera de juicio en el Tribunal Federal 1 de La Plata.
La familia de Andrés, su esposa Mirna Gómez como particular damnificada, será patrocinada por los doctores Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira, defensores oficiales en la UFD Nº 1.
Durante toda la instrucción de la causa Nuñez los abogados de Ponce insistieron con recursos buscando la prescripción del expediente. Llegaron incluso hasta la Corte Suprema de Nación, que en diciembre de 2014 rechazó los planteos de la defensa. Esos recursos frustraron una primera fecha del juicio a Ponce, que había sido fijada por la Cámara Penal platense para fines de 2013.
El comisario
Luis Raúl Ponce fue quien dio las órdenes desde la sede de la Brigada de La Plata para que un grupo operativo allanara la casa de la familia de Nuñez en calles 78 y 119 de Villa Elvira en la primavera de 1990. Este comisario también guarda un oscuro pasado en la fuerza represiva que nos remonta a la última dictadura. Nacido en octubre de 1954 en Saladillo, Ponce realizó su formación en la Escuela Vucetich a mediados de los años ’70, egresando como Oficial Subayudante. La temporalidad le da perfecta para haber integrado las patotas del Terrorismo de Estado.
De hecho, tanto al prestar declaración en la justicia federal en causa N° 7/SE en noviembre de 2005, como en el juicio oral contra Miguel Etchecolatz de 2006, el testigo Jorge Julio López identificó a Ponce como uno de los que participó de su secuestro en octubre de 1976 y que lo trasladó en más de una oportunidad durante su periplo por distintos lugares de detención clandestina. López manifestó textualmente que “…la persona que a él lo llevó en el auto secuestrado era Jorge Ponce del Servicio Penitenciario…”.
Además, en el marco de la causa 1170/SU el policía Gabriel Ernesto Gonzáles prestó declaración testimonial y refirió que se desempeñó en la Dirección General de Investigaciones, al mando de Miguel Etchecolatz, y que éste le había ordenado tareas de coordinación con las diferentes unidades regionales que funcionaban en la provincia de Buenos Aires, razón por la cual debía viajar constantemente, a bordo de un auto conducido por un chofer de apellido Ponce, que le había asignado el propio Etchecolatz”.
Años después, al momento de su descargo sobre esto y citado a indagatoria por la justicia federal Ponce negó ser el chofer en cuestión y afirmó que siempre trabajó haciendo sumarios y que en dictadura revistó siempre en la Comisaria de Villa Ponzatti, causalmente dependiente de la Comisaría 8va por donde pasó Lopez junto a otros detenidos antes de ser legalizado al PEN y ubicada a 6 cuadras de donde 24 años después Ponce mandó a secuestrar a Andrés.
