En los últimos días, salieron a la luz graves irregularidades en el proceso judicial llevado a cabo contra tres caciques wichi salteños: Martín Acosta (Comunidad El Chañaral), Dalmacio Acosta (San Felipe) y Demetrio Campos (Misión Rivadavia).
Se trata de tres líderes indígenas que fueron procesados por usurpación y daños por hechos ocurridos en 2014, cuando se opusieron al alambrado del territorio ancestral que disputan con el empresario Alejandro Gareca. El juicio contra ellos estaba convocado para este lunes 20 de marzo, pero fue suspendido por el Tribunal de Orán, en Salta, haciéndose eco de denuncias del Ministerio de Asuntos Indígenas y Amnistía Internacional.
Entre otras acciones por demás cuestionables, se advirtió que no contaron con un defensor al inicio del proceso y que tampoco se tradujo a la lengua wichi, a pesar de que solo uno de ellos maneja el castellano con fluidez.
Ambas situaciones fueron calificadas como algo “gravísimo” dentro de un proceso penal, por el propio Ariel Sánchez, subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas.
Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas se indicó que recién se enteraron del caso cuando recibieron las notificaciones de que los líderes iban a ser juzgados, lo que también habla del grado de indefensión. Hasta la semana pasada, ni siquiera habían conocido al defensor oficial que el Ministerio Público de la Defensa les había asignado supuestamente, porlo que se enfatizó que las comunidades requirieron ayuda fue entregada formalmente recién el 7 de marzo.
Por esta misma razón, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó una “acción urgente” de llamamiento a las autoridades provinciales y nacionales a que “adopten las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, y en especial el derecho de defensa de Martín Acosta, Dalmacio Acosta y Demetrio Campos”, y “pidiendo que se brinde una solución de fondo al reclamo territorial de la comunidad wichi Chañaral y se titule la propiedad colectiva sobre su territorio”.
Luego de estas tratativas, en las últimas horas, el vocal de la Sala I del Tribunal, Aldo Primucci, ordenó la suspensión del juicio que iba a comenzar el lunes al no poder garantizarse el derecho a defensa, ya que no estaba previsto un intérprete en la audiencia, con lo que los tres acusados no iban a poder entender de que se los acusaba.
Además el abogado de dos de los tres wichis acusados, Matías Duarte, se presentó un pedido de nulidad de todo lo actuado. "Ahora queda esperar que se resuelva la nulidad planteada sobre el requerimiento de juicio. Luego que se designe intérprete en la lengua wichi y que ellos puedan ejercer su derecho a defensa, negar los hechos y ofrecer prueba para, finalmente, solicitar su sobreseimiento", detalló Duarte el letrado.
