'Tristemente estamos rompiendo nuestro récord. Son mujeres que murieron a manos de hombres que se creyeron sus dueños', apunta el Observatorio en un informe divulgado en redes sociales.
La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (Lpvcm) -aprobada hace 10 años para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de manifestaciones violentas que pongan en riesgo la integridad de las féminas- representa un importante avance en los compromisos contraídos por el Estado en este tema.
Por otra parte, cifras del Ministerio Público de Costa Rica refieren que las cinco principales causas presentadas en la Lpvcm son por incumplimiento de una medida de protección, maltrato, amenazas, ofensas a la dignidad y violencia emocional.
Apunta que si durante los últimos 10 años (2007 a 2016) el promedio de femicidios era de dos por mes, en lo que va de 2017 es de tres por cada 30 días.
Al reproducir el estudio del Observatorio, el portal informativo crhoy.com señala que el Lpvcm se aplicó por primera vez el 3 de junio de 2007, en la provincia de Puntarenas, contra un sujeto de apellido Campos, el cual fue acusado con base en el artículo 26, por amenazar a su esposa con no dejarla asistir al templo si no le preparaba el almuerzo.
Mientras, precisa, el último caso fue contra un hombre de apellidos Suárez Castro, quien asesinó a su pareja el 21 de mayo en Los Guido de Desamparados, hecho que continúa aún bajo investigación.
Consultado al respecto, el abogado Pedro Beirute afirmó que cree más en la prevención que en la sanción, porque se le puede poner cinco, 10, 15 o 20 años a un agresor doméstico y no lo va hacer cambiar de forma de pensar o actuar, sería mejor gastar buen dinero en prevenir.
No se trata de que las sanciones sean malas, sin embargo, la normativa no es suficiente para erradicar la violencia. 'Mientras sigamos sancionando asuntos en materia de familia y violencia doméstica no vamos a lograr ningún avance', subrayó Beirute.
Para Tamara Gómez, miembro del colectivo Acción-Respeto, hay avances importantes en materia legal, además las mujeres empiezan a denunciar más, pero -denunció- todavía en la aplicación hay muchos casos que son presentados en juzgados, fiscalías o Ministerio Público que dificultan que se pueda acceder bien a la justicia.
