El Ministerio Público informó que este es el mayor acuerdo de lenidad (multa para extinguir los juicios contra empresas corruptoras) e incluso superior al homologado por otra empresa eje de la Operación Lava Jato, la constructora Odebrecht.
La negociación incluyó el cese de las investigaciones contra JBS en cinco operaciones de la Policía Federal.
Este acuerdo involucra apenas a la persona jurídica para evitar procesos contra la empresa, pero no tiene nada que ver con el acuerdo de delación premiada que firmaron los ejecutivos de JBS, entre ellos fundadores y dueños, los hermanos Wesley y Joesley Batista.
El Ministerio Público de Brasilia informó que el acuerdo prevé un plan de pagos de 25 cuotas a los organismos supuestamente afectados por la corrupción, como bancos públicos y fondos de pensión.
Según la prensa económica, el total de la negociación representa apenas el 5,62% de la facturación bruta registrado por las empresas del grupo J&F en 2016.
El gobierno del presidente Michel Temer denunció los términos del acuerdo de JBS con la fiscalía debido a que los hermanos Batista delataron a políticos (financiaron 1.800 campañas en todos los niveles, legal e ilegalmente) y no cumplirán pena y están autorizados a vivir en el exterior.
El fiscal general Rodrigo Janot defendió los términos de su acuerdo que, según él, permitieron llegar a los niveles más altos del poder político.
Joesley Batista puso contra las cuerdas al presidente Michel Temer, al grabarlo en el sótano de su residencia oficial, el Palacio do Jaburú, el 7 de marzo, en una visita fuera de agenda oficial, a la noche.
Esa grabación provocó que el fiscal general, Rodrigo Janot, acusara a Temer por corrupción, obstrucción de la justicia y asociación ilícita, al aparecer supuestamente avalando sobornos relatados por Batista a jueces y al ex diputado preso Eduardo Cunha, un aliado presidencial cerebro del juicio político que derrocó a Rousseff.
Batista también grabó clandestinamente al senador Aecio Neves, ex candidato presidencial en 2014 del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y al ex asesor de Temer y ex diputado Rodrigo Rocha Loures.
Ambos pidieron y recibieron sobornos según la fiscalía y pesa sobre ellos un pedido de captura que la corte rechazó.
Los dueños de JBS pagaron a políticos y a funcionarios de los bancos públicos durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) para convertirse en el mayor grupo privado del país y la mayor empresa de carne procesada del mundo.
La facturación, según O Globo, saltó de 4 mil millones de reales en 2006 a 170 mil millones en 2016.
El senado instaló una comisión para investigar los préstamos con subsidios de la entidad de fomento BNDES al frigorífico JBS, que logró internacionalizarse y busca instalarse en el exterior.
Los acuerdos de lenidad permiten a las empresas continuar con sus negocios pero asumiendo los delitos y compensando económicamente a las instituciones afectadas por la corrupción.
Odebrecht firmó un acuerdo de unos 2.300 millones de dólares de multas en Brasil, Estados Unidos y Suiza.
