El también conocido como Redondel de la Chulona acogió la protesta contra el sesgo político de Rodolfo González, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Berlarmino Jaime, jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La polémica Sala emitió la semana pasada, propiciamente tras la exitosa Convención Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, sendas resoluciones contra el pago de pensiones y contra el Presupuesto de la nación.
El primer fallo afecta a unos 175 mil jubilados que tenían su pensión garantizada gracias a una reforma aprobada en la Asamblea Legislativa, y el otro podría acarrear consecuencias negativas para la inversión social.
'Si esos magistrados se prestan al concierto de la derecha, entonces no se merecen su cargo: el país no merece una Sala que, lejos de generar gobernabilidad, genera una crisis por tener una agenda partidarista', denunció la activista Margarita Posada.
Las organizaciones denunciaron que las decisiones de la Sala son arbitrarias, abusivas y de doble moral, renovaron sus llamados a la desobediencia cívica y el desacato, y anunciaron otra demanda por prevaricato ante los cuatros jueces.
Además, aunque a esta Sala le queda un año para ser renovada, las organizaciones sociales exigirán su destitución a la Asamblea Legislativa, e interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Roberto Lorenzana, secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, estimó que la Sala le hace el trabajo a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y se arroga potestades que corresponden al Ejecutivo.
Para el funcionario, los magistrados se basan en criterios eminentemente políticos para emitir una sentencia de resentimiento, 'considerando que están sobre Dios', sin importarle las víctimas de sus sentencias.
