Mercau, juez de control 3 de la provincia, dispuso que "la prisión preventiva dictada contra Milagro Amalia Sala se cumpla en el inmueble ubicado en Loteo Villa Parque La Ciénaga, El Carmen, provincia de Jujuy, con custodia a cargo de personal de Gendarmería Nacional y colaboración, de ser necesario, de la policía provincial", según consta en el expediente al que tuvo acceso Télam.
La medida provocó fuertes reacciones tanto por parte de la defensa de Sala como del gobernador Gerardo Morales y legisladores de Cambiemos.
Mientras la defensa de la diputada electa del Parlasur destacó que dicho inmueble, en el que nunca vivió la detenida, es desde que fue saqueada una tapera carente de puertas, ventanas, artefactos santitarios y de instalación eléctrica, para Morales y sus legisladores se trata de una "mansión".
"Teniendo en cuenta lo resuelto por la CIDH este juzgado dispuso trasladar el lugar de cumplimiento de la prisión preventiva de Sala a la propiedad ubicada en el dique La Ciénaga que es un inmueble de su propiedad y que antes que esto ocurra deberá ser acondicionado", dijo Mercau a la prensa local.
El inmueble, en el que nunca vivió Milagro Sala, estaba pensado como lugar de recuperación y tratamiento terapeútico de adictos, informaron fuentes de la agrupación Tupac Amaru que lidera la detenida.
"Como otras instalaciones de la agrupación, ese lugar fue saqueado por una patota hasta el punto que no tiene puertas, sanitarios, ni vidrios, y la instalación eléctrica está con los cables pelados para afuera", agregaron dichas fuentes.
En este contexto, para que se haga efectivo el traslado de Sala, la justicia debe contar con una resolución en el mismo sentido del juez de Instrucción 2, Pablo Pullen Llermanos, que mantiene con preventiva a la líder de la Tupac Amaru, y puede expedirse de distinta manera.
Minutos después de conocida la resolución de la Justicia jujeña, el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, dio a conocer su posición contraria a "privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva en su mansión" (sic).
"No comparto la la resolución de la CIDH y del juez de privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva en su mansión. Es una gran injusticia", tipeó Morales en su cuenta oficial de Twitter.
Según el gobernador, es "vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo", y publicó también una foto de una casa con pileta que pertenecería a Sala.
Pero el lugar en el que Milagro Sala cumpliría su prisión preventiva no sería el de la foto que publicó en su cuenta de Twitter el gobernador sino el ya indicado, que según el juez Mercau, "tiene que acondicionarse" porque, por ejemplo, "no tiene algunas puertas ni sanitarios".
Los abogados de la líder de la Tupac Amaru se quejaron de que sea el arrasado inmueble del dique La Ciénaga el lugar donde la dirigente detenida cumpla arresto domiciliario, y consideraron que debería ser "la casa de Cuyaya, en la ciudad capital, que era el lugar donde Sala convivía con su marido".
Éste, el veterano periodista Raúl Noro, volvió a vivir en ella desde que el mismo juez Mercau le concedió la prisión domiciliaria.
Los abogados de la diputada electa del Parlasur, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvieron en un escrito que la casa del dique La Ciénaga está "inhabitable" porque "sufrió robos y saqueos" y "no cumple con las condiciones de seguridad para la dirigente", por lo que deja a Sala en una situación de "vulnerabilidad absoluta".
Además, destacaron que la medida que dispone el arresto domiciliario de Sala fue dictada "fuera del plazo" e instaron al juez Mercau a que "no dilate mas" el cumplimiento de los dispuesto por la CIDH, y adelantaron que presentarán un escrito "para que el traslado se realice hoy mismo atento a la gravedad de la situación de la dirigente en el penal, donde no está garantizada su seguridad ni su integridad física".
La medida cautelar número 25/16 de la CIDH instó a liberar a Sala y eventualmente "otorgarle la prisión domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica atento a la situación de urgencia, gravedad e irreparabilidad del daño que le estaban ocasionando en la cárcel".
Según la disposición de la Justicia jujeña, la vivienda en la que permanecería alojada la líder de Tupac Amaru para cumplir con su prisión preventiva, una vez reparada, estará en condiciones de albergar a Sala, "debiendo (ella) abstenerse de salir del lugar sin autorización del juez interviniente bajo apercibimiento de revocar el beneficio".
Al ser consultado sobre los motivos por los cuales se descartó el domicilio de Cuyaya, Mercau se basó en un informe recibido de Gendarmería respeto a que "no es factible por las tareas de custodia y seguridad" que se deben brindar, y "no solo por la seguridad de ella en su ingreso y egreso, sino porque generarían inconvenientes para los vecinos al ser una zona céntrica y de mucho tránsito".
"El día que hicimos la inspección (la semana pasada) estaban notificados de que íbamos a ver las dos casas, pero ese día en el inmueble de El Carmen no había nadie", dijo, en relación a los representantes legales de Sala.
Mercau dijo que en la casa del dique La Ciénaga, ubicada en cercanías de la ciudad de El Carmen, distante a 27 kilómetros de la capital provincial, la custodia "estaría a cargo de Gendarmería, teniendo en cuenta que en la misma resolución de la CIDH hay algunos cuestionamientos y hostigamiento hacia el personal penitenciario".
"Esto no significa que haya una responsabilidad determinada hacia el Servicio Penitenciario, lo cual se está investigando, pero es conveniente que lo haga otra fuerza", explicó el magistrado.
Sala fue detenida el pasado 16 de enero de 2016 por "instigación a cometer delitos" y "tumulto", a causa del acampe que la organización que conduce había montado frente a la Casa de Gobierno, tras la asunción en el cargo de Morales.
Luego, su prisión preventiva se extendió por las causas que se tramitan en su contra por acusaciones de fraude, extorsión y asociación ilícita, a raíz del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, investigación a cargo del juez Mercau.
El pasado 28 de julio, la CIDH urgió al Estado argentino a dar cumplimiento a la resolución del grupo de trabajo de la ONU que pide "su liberación inmediata", o la adopción de "medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad".
Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Sala, dijo que ésta “no vivía en el inmueble de El Carmen, ese es un lugar que demostramos que está arruinado, no tiene luz, no tiene agua, no tiene calefacción, se robaron las ventanas, las puertas, los sanitarios” y consideró que "esta es una muestra más del hostigamiento al que someten a Milagro y hoy mismo se va a estar notificando esto a la CIDH”.
Los abogados de Sala también cuestionaron las restricciones respecto a la cantidad de personas que pueden ingresar al lugar de detención de Sala, que no pueden ser más de siete, según dispuso Mercau, lo que para los letrados es "absolutamente excepcional".
El abogado Luis Paz dijo, sin embargo, que la dirigente detenida “va a aceptar ir" a la propiedad de El Carmen, ya que "sabe que su vida corre riesgo dentro del penal del Alto Comedero y a pesar de que sabe que esto la deja aún más vulnerable”.
Estela Díaz, la coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala, responsabilizó hoy al presidente Mauricio Macri y al gobernador Morales, por "la vida de Milagro Sala" al cuestionar el lugar dispuesto por el juez jujeño Gastón Mercau para que cumpla la prisión domiciliaria.
Díaz dijo que "no deja de sorprender" que se haya elegido alojarla en una propiedad que fue "saqueada, destrozada, rota hasta en los cables, no tiene baño, ni puertas ni ventanas".
"Es una vergüenza internacional y es un peligro. Ellos están poniendo en riesgo la vida de Milagro. Responsabilizamos absolutamente al Presidente de la Nación, al gobernador Morales, por la vida de Milagro. Uno se pregunta realmente qué es lo que están queriendo hacer, y es llevarla a situaciones de vulnerabilidad absoluta", agregó.
"No deja de sorprender" que teniendo Sala "dos propiedades, una casa donde la detuvieron y vive con su marido y otra, que fue saqueada, destrozada, rota, el juez Mercau haya dictaminado que vaya a ese domicilio".
"Van a escribir el manual de la pedagogía de la crueldad en Jujuy porque el juez, después de dilatar, de no cumplir los tiempos de la medida cautelar dictaminada por la CIDH por la urgencia del peligro para la integridad de Milagro Sala -detenida desde el 16 de enero del 2016 en la prisión de Alto Comedero-, acaba de otorgarle la domiciliaria en este lugar", dijo pero no obstante, insistió en que "Milagro tiene que salir ya, hoy".
Por fin, la senadora nacional por el radicalismo de Jujuy, Silvia Giacoppo, respaldó al gobernador Morales y cuestionó la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Milagro Sala "en una mansión construida con dinero mal habido".
"No comparto que se le otorgue tal beneficio a quien cometió delitos que le costaron tanto a la provincia y a los jujeños", expresó la legisladora de Cambiemos.
Sin embargo, afirmó que "no hay que olvidar que a pesar de estar en su casa, la mansión de quien se dice abanderada de los humildes, construida con dineros mal habidos, Milagro Sala sigue presa".
En ese sentido, opinó que "es injusta" la decisión de la justicia, aunque ponderó "la independencia de los poderes en Jujuy que antes era imposible considerar".
"La prisión domiciliaria también es una detención. Es injusta con el resto de los detenidos. Pero sigue presa", sentenció la senadora de Cambiemos.
Garavano
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, consideró en Neuquén "un paso importante" en el cumplimiento del mandato de la CIDH el arresto domiciliario otorgado hoy a la dirigente de la organización Tupac Amaru, pero apostilló que "por otro lado los procesos judiciales (inicados contra Sala) son por hechos muy graves que deben ser esclarecidos y tramitados ante la justicia de Jujuy”, dijo a la prensa de Neuquén.
Junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, Garavano encabezó la entrega de dispositivos electrónicos (tobilleras) para supervisar el arresto domiciliario de personas privadas de su libertad, en un acto en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, donde se exhibieron los equipos destinados a este programa.
El ministro rehusó referirse a las condiciones de habitabilidad del inmueble escogido para que Sala cumpla prisión domiciliaria. "Me parece que en todos estos casos lo que hay que dejar es que sea la justicia la que se pronuncie tanto sobre este aspecto como sobre la responsabilidad de esta persona respecto de los hechos por los cuales está imputada”, dijo Garavano.
Asimismo, recordó que desde el primer momento sostuvo la posición "de no hablar sobre procesos judiciales en marcha” y acotó que “en este caso la justicia de la provincia de Jujuy está cumpliendo un mandato de la CIDH y, en esa línea, las incidencias vinculadas a esto es algo que debe resolverse en ese ámbito”.
