La norma fue aprobada durante la sesión ordinaria por 51 votos a favor y dos abstenciones con un amplio respaldo de las fuerzas políticas, de asociaciones de inquilinos y de consumidores.
Entre los argumentos expuestos hubo coincidencia en que el objetivo es facilitar el acceso al alquiler ya que esta comisión, más los adelantos y los costos de la mudanza, hacían que los inquilinos tuvieran que afrontar muchos gastos de entrada.
No obstante, la aprobación de esta norma recibió cuestionamientos de parte de las inmobiliarias que anticiparon que recurrirán a la justicia al considerar que lo sancionado es "inconstitucional" y que perjudicará directamente a su actividad.
