El pasado 31 de marzo el Tribunal ad hoc integrado por los jueces Claudio Bernard, Eduardo Delbés y María Silvia Oyhamburu condenó al policía Luis Raúl Ponce a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como coautor funcional de la privación ilegal de la libertad, en concurso real con torturas seguidas de muerte, provocada a Andrés Alberto Nuñez el 28 de septiembre de 1990 por agentes de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Se cerraba así parte de una lucha que lleva 27 años en búsqueda de justicia plena.
Luego los abogados del asesino Ponce apelaron el fallo y se hizo lugar al recurso, que pasó a instancias de la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui. La familia de Andrés pide que Ponce “sea definitivamente penado por esta grave violación a los derechos humanos”.
EL crimen y el largo camino por justicia
Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 28/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso.
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Durante 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Capturado en agosto de 2012 con identidad falsa en Neuquén.
Pese al intento de cerrar la causa, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Ese tramo del expediente está en instrucción, pero la última jueza de la causa, la Dra Marcela Garmendia, se apartó del expediente aduciendo que entiende que la causa está prescripta. Rechazado el planteo por la Cámara Penal platense, hace más de un año que la familia espera que se sortee un nuevo juez de garantías que complete la investigación.
Pero además, pasados 27 años de los hechos la justicia no ha mostrado una estrategia real de búsqueda y detención del ex policía Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 25 años en la causa Nuñez. Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.
La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, que vive en General Belgrano. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para encontrarlo y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para detenerlo.
En 2009 una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez.
