En Enredando las Mañanas conversamos con Cecilia Carrizo Sineiro, investigadora del IFFAP (Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública), profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del Paren de Fumigar, sobre los dos proyectos de ley que regulan el uso de los agrotóxicos que se iban a tratar.
Uno de los proyectos pretende avanzar en una regulación nacional del uso de los agrotóxicos que resguarde a las poblaciones y el ambiente, el otro profundiza en el desarrollo indiscriminado de un modelo de agricultura con fertilizantes. A horas de concretarse, la reunión fue cancelada por el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador por el PRO, Alfredo de Angeli.
La reunión fue convocada por el presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Fernando “Pino” Solanas, para abrir el tratamiento conjunto con las Comisiones de Agricultura y de Justicia. Los proyectos pendientes a tratar son: el presentado por el mismo titular de la Comisión: “Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo de productos agroquímicos”, que prohíbe -en todo el país- la aplicación aérea de agroquímicos y limita -como mínimo- la aplicación terrestre a 1.500 metros de zonas urbanas, viviendas, escuelas rurales, plantas avícolas o de producción de animales y de espejos, cursos o pozos de agua. Entre otras cosas, responsabiliza a los funcionarios que no hagan cumplir las prohibiciones establecidas en la ley.
El otro proyecto en cuestión es el presentado por el Diputado Luis Basterra denominado “Ley de Elaboración, Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios” que profundiza en las condiciones para el uso indiscriminado de fertilizantes y semillas transgénicas en los cultivos. Basterra, que viene de la bancada kirchnerista, tiene de aliado natural al presidente de la comisión de Agricultura, Alfredo de Angeli del PRO de Entre Ríos. Este último proyecto tiene la media sanción de la Cámara de Diputados desde 2015, pero el debate en Senadores se pospuso hace dos años.
El proyecto que promueve Basterra arrasa en algunas de las conquistas que la lucha de los pueblos fumigados han logrado, como en el caso de las zonas de resguardo, que definen las distancias mínimas que los productores deben respetar para fumigar. Por ejemplo, para el caso de Córdoba, la ley provincial prohíbe toda fumigación aérea a menos de 1.500 metros de zonas pobladas; y las terrestres las restringe a sólo 500 metros. E incluso muchos municipios de la provincia han definido zonas de resguardo aún mayores. En este sentido, Cecilia Carrizo analiza que este proyecto de “la bancada de la agroindustria voltea la capacidad y competencia de los municipios, disminuyendo la autonomía de las provincias. O sea, acá hay intereses muy concretos y toca sostenernos en las leyes que hemos conseguido”.
Además, y con respecto al repentino resurgimiento de los proyectos de ley para ser tratados en el Senado, comparte la entrevistada al aire que: “no se le ha dado el debate, la profundidad y la movilización como sí lo hubo para la Ley de Bosques o la Ley de Glaciares. No sé qué fuerzas operaron que llegamos al debate en el Senado con un gran silencio”.
Por otro lado, Carrizo recupera que el proyecto del senador Solanas “avanza sobre algunas cuestiones como la prohibición de las fumigaciones aéreas”, pero explica que “hay dos cosas que ninguno de los dos proyectos contempla con claridad”. Uno es sobre la autoridad de aplicación: el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el cual, afirma: “es un organismo que ha demostrado a todas luces, en estos 15 años, ser absolutamente ineficiente y cómplice del uso irresponsable de agroquímicos sobre poblaciones enteras”. SENASA utiliza como criterio de clasificación de los agrotóxicos el cuestionado procedimiento “Dosis Letal 50”. Un método que establece criterios sobre pruebas con animales de laboratorio que toma como umbral de clasificación la muerte del 50 por ciento de los mismos. Por lo cual, remarca la entrevistada que no se cumple una mirada que integra cómo se desarrollan estos químicos en “territorios y ecosistemas” como indica el “protocolo de biodiversidad”. De lo cual, da cuenta la evidencia de la peligrosidad de los agrotóxicos sobre la salud, del padecimiento de los pueblos que sufren sistemáticamente la fumigación, con efectos agudos, crónicos y a corto, mediano y largo plazo; tanto en las comunidades de hoy como en las generaciones futuras.
En Brasil, por ejemplo, la evaluación y aprobación de los agrotóxicos debe contar con las firmas del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Respecto a ésta última institución, remarcó la investigadora, sería una autoridad de aplicación mucho más idónea ya que “tiene una cobertura nacional en todo el territorio y un programa de control de intoxicaciones con plaguicidas en laboratorios”. En Argentina el control y autorización del uso de agrotóxicos está en manos de los mismos que promocionan este modelo de agricultura que mata el futuro de la biodiversidad de la tierra. En contraposición plantea Carrizo: “tiene que estar en manos de gente que efectivamente controle la aplicación de la ley, con la seriedad como es el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)”.
El otro punto invisibilizado por los proyectos de ley en el Senado indicado por la entrevistada en el Enredando Las Mañanas, es sobre los límites para Límites Máximos de Residuos (LMR) de los agrotóxicos en los alimentos. Porque como hemos aprendido, el uso de agroquímicos durante el cultivo, deja residuos en los alimentos. En Argentina: “Tenemos límites muy por arriba de otros países, muy por arriba de la Comunidad Europea”.
Por último, comparte Carrizo que Basterra también impulsa otro proyecto para la promoción de los agrotóxicos, que incluye “la desgravación impositivas para el consumo de agrotóxicos (…) hasta el 200% del valor del fertilizante. Tenemos que estar muy atentos porque es una avanzada muy fuerte donde no hay partidos en desacuerdo. La bancada ruralista responde a los intereses de su corporación y no de la ciudadanía”.
Por RNMA
