El tribunal también ordenó a las autoridades del penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido, que garantice "la implementación de los tratamientos médicos y/o psicológicos y/o psiquiátricos necesarios" y le informe periódicamente sobre su estado.
Con la firma de su presidente, Juan Carlos Reynaga, el TOF de La Rioja dispuso que "se arbitren los recaudos necesarios en su contra a la luz de supuestos agravios provenientes del represor Luis Patti, alojado en el mismo lugar, aludidos por la defensa de Milani.
El ex jefe del Ejército desde julio del 2013 hasta junio del 2015 se encuentra detenido en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza imputado por los delitos de torturas agravadas, allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad agravada de los Olivera en marzo de 1977.
"No se encuentran dadas las condiciones para otorgarse el beneficio de la prisión domiciliaria solicitada", evaluó el Tribunal tras analizar los informes periciales médicos y psicológicos.
En este sentido, esgrimió que "no se advierten motivos suficientes que habiliten realizar una excepción al régimen establecido en la ley penal de fondo".
El fallo recuerda que la normativa vigente "establece que es requisito para obtener el beneficio, encontrarse en circunstancias que establece la ley" y subrayó que, en este caso, "ninguna de las circunstancias previstas es aplicable al imputado Milani".
Asimismo, el fallo recopila como antecedentes causas similares a la analizada.
"En mérito a lo valorado (...) y considerando que la detención del imputado se ajusta a la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los estándares internacionales reconocidos por la Nación, asimismo por haberse ordenado conforme a derecho, no resulta procedente el beneficio de prisión domiciliaria solicitada por la defensa por no encuadrar dentro de la normativa vigente", agrega el fallo.
Detenido desde el 17 de febrero pasado, Milani también está procesado con prisión preventiva en dos causas, una de ellas por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en la provincia de Tucumán en 1976, durante el represivo Operativo Independencia, y otra por presunto enriquecimiento ilícito.
