El convenio, difundido hoy, plantea entre otros puntos la obligatoriedad de la identificación del personal policial, establecido por ley pero que no se cumple, además de la apertura en Bariloche del Centro de Atención y Derivación de adolescentes demorados, que antes de la entrega a familiares son alojados en comisarías.
Además planteó la formación de la policía en el área del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y el compromiso para la atención psicológica de los chicos que fueron golpeados en los casos denunciados.
Este compromiso surgió en la última reunión de sector de infancia y minoridad, realizada el lunes, a la que concurrieron los jefes policiales de la Unidad Regional Tercera, legisladores provinciales, representantes de Derechos Humanos de Río Negro, funcionarios municipales, la Defensoría de Menores y la Secretaria de Niñez en Bariloche, además de organizaciones sociales.
La temática y el compromiso habían sido abordados hace un año con los comisarios de la ciudad, pero días atrás volvió a producirse un hecho en el barrio Virgen Misionera, donde denunciaron a la policía por tirar gases lacrimógenos y provocar malos tratos a alumnos de una escuela de la Fundación Gente Nueva.
“Estos compromisos son similares a los que los mismos actores firmaron el año pasado, pero no se concretaron por falta de decisión política de algunos estamentos gubernamentales”, señalaron a Télam fuentes del Movimiento de Infancia.
Padres de los chicos afectados recientemente en Virgen Misionera indicaron que sus hijos “no están concurriendo a la escuela, ni quieren salir de la casa porque tienen miedo”, y denunciaron la falta de acompañamiento psicológico para superar las secuelas traumáticas del episodio, y cuestionaron a la Municipalidad por dar de baja en febrero los tres contratos de las psicólogas comunitarias.
