Es que la acción no solo se circunscribe al último turno electoral, como se había denunciado en primera instancia, ni a la Provincia de Buenos Aires como se pensó luego, ni siquiera solo a los aportes como se supuso después, sino que en prácticamente todo el país los responsables de la alianza han falsificado todo tipo de documentos vinculados a la acción política, desde identidad de aportantes hasta fichas de afiliación dejando al descubierto el desprecio por las formas de la república que tanto han dicho defender.
El escándalo por los aportantes a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich y el uso de personas humildes para lavar dinero en tiempos electorales suma un nuevo capítulo y no parece tener fin: a los 850 casos relevados e identificados como falsos se suman unos 200 más de distintos puntos de la Provincia y completamente ajenos a planes sociales.
Luego que El Destape publicara el extenso listado de personas que jamás pusieron un peso a la campaña electoral que comandó María Eugenia Vidal y Federico Salvai durante el año pasado, comenzaron a aparecer cientos de casos nuevos y extraños, de gente de clase media, trabajadores del Estado e incluso comerciantes que nada tienen que ver con el oficialismo, pero que, sin embargo, figuran en los informes financieros presentados ante la Cámara Nacional Electoral.
En un breve repaso, se pudieron hallar más de 150 casos pertenecientes a Junín, Bahía Blanca, Luján, Olavarría, La Plata, Tandil, Quilmes, Colón y Lanús que nada tienen que ver con los 850 encontrados en un principio, correspondientes a personas humildes que cobran planes sociales y que, sostuvieron, jamás haber hecho un solo aporte a Cambiemos ni haberse afiliado al PRO.
Otro de los puntos salientes de la investigación de El Destape, que ya tiene confirmados más de mil casos, es decir, un 25% de los aportes falsificados, es el uso de bases de datos del Estado para detectar el nivel socioeconómico de los "financistas".
En el caso de los beneficiarios de planes sociales, el importe de la presunta donación nunca superó los $2.000, en cambio, en los casos que comienzan a salir a la luz de comerciantes y empleados públicos, todos realizaron aportes enormes.
Es por eso que el jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai, esposo de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, quedó en el centro de la escena, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, presidenta del PRO, donde salieron las fichas de afiliación truchadas, y su tesorera, María Fernanda Inza.
La ley establece que tanto al presidente como al tesorero del partido que incurra en este tipo de accionar serán inhibidos de elegir y ser elegidos para cargo público alguno por un plazo que la justicia decidirá entre los seis meses y diez años, según la gravedad de los mismos.
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