En conferencia de prensa, Cascante apuntó que a poco más de una hora de comenzar la tercera jornada del encuentro preliminar sin condiciones entre las partes, el Gobierno adujo problemas de seguridad para cambiar el sitio acordado anoche para la cita de este viernes, que ya fue modificada el segundo día, a petición también del Ejecutivo.
Cascante precisó que recibió una llamada del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, en la cual le indicaba que el edificio de la Caja de ANDE (Asociación Nacional de Educadores) carecía de las condiciones para garantizar la asistencia de los representantes del Gobierno.
Falta de espacio en el parqueo, la cercanía de la prensa al lugar de la reunión y que la marcha sindical y popular pasaría frente a ese edificio, fueron otras de las excusas dadas por el Ejecutivo y reveladas por el representante de la USSN, quien preguntó si ¿la sede de un banco puede ser insegura?
No obstante, Cascante apuntó que aceptarían la solicitud del Gobierno y se trasladarían de inmediato al lugar sugerido para desarrollar el tercer día de ese encuentro preliminar, pues el interés de la clase trabajadora es resolver la situación fiscal del país, pero de una manera justa y solidaria.
Ambas partes mantienen invariables sus posiciones, la USSN -coalición de agrupaciones obreras y sociales- que el Ejecutivo retire de la corriente legislativa el rechazado proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (plan o reforma fiscal), denominado combo fiscal por los huelguistas.
Por su parte, el Gobierno exige la deposición del paro general por tiempo indefinido, que hoy cumple 12 días con protestas en diferentes zonas del país, para iniciar un diálogo sobre la situación fiscal y las medidas para reducir el elevado déficit fiscal, que ya ronda el siete por ciento del Producto Interno Bruto.
Al concluir este jueves más de 13 horas de conversaciones preliminares, la USSN presentó una propuesta para aprobar un nuevo proyecto de ley de reforma fiscal justa y solidaria, ante lo que las agrupaciones obreras y sociales llamaron falta de voluntad política del equipo negociador del gobierno de Costa Rica.
'Nuestra iniciativa contemplaría aprobar, por vía rápida en la Asamblea Legislativa, un nuevo expediente legislativo, donde se reunirían las propuestas de una mesa multisectorial y de unidad nacional, integrada por movimientos sociales, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo', indica el texto obrero.
Esta mañana, el presidente de Costa Rica, expresó su esperanza de llegar a un acuerdo con los sindicatos en las próximas horas que logre deponer la huelga general y abra un canal de comunicación franco.
Analistas locales coinciden en señalar que la dilación del Gobierno persigue dar tiempo a que los tribunales declaren ilegal la huelga general y ello obligue a los manifestantes a retornar a sus puestos de labor, so pena de sanciones salariales e, incluso, pérdida del empleo.
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