(02/11/18 - Reino de España)-.La Fiscalía del Tribunal Supremo del Reino de España acusa de rebelión y malversación a dirigentes independentistas catalanes y solicita penas de hasta veinticinco años de cárcel.En un escrito que ha publicado hoy viernes sobre sus conclusiones provisionales respecto a los 18 líderes separatistas procesados, la Fiscalía española solicita 25 años de prisión e inhabilitación absoluta para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por el delito de “rebelión” y “malversación de caudales públicos” en el proceso de la independencia de Cataluña.
Además, reclama 17 años de cárcel para la ex presidenta del parlamento autonómico catalán Carme Forcadell y los ex dirigentes de la asociación Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, como “promotores” de la “rebelión”.
Solicita también 16 años de cárcel por “rebelión y malversación” para Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, exconsejeros del destituido presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y pide penas de 7 años por malversación para otros integrantes del Govern. Todos los líderes independentistas mencionados están en prisión preventiva, salvo Puigdemont, que se encuentra autoexiliado en Bélgica y está excluido, de momento, de las solicitudes de la Fiscalía.
El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluía (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”, reza el escrito de la Fiscalía española.
La Fiscalía acusa de “rebelión”, además, al ex jefe de la Policía regional catalana (los Mossos d’Esquadra), Josep Lluís Trapero, por lo que pide para él 11 años de cárcel. “El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluía (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”, puede leerse en el escrito de la Fiscalía española.
El abogado de Puigdemont Jaume-Alonso Cuevillas, tras considerar el escrito un despropósito, ha aseverado que los delitos y acusaciones descritos por la Fiscalía “no tienen nada que ver” con lo ocurrido en Cataluña el octubre de 2017, cuando se celebró un referéndum sobre una posible independencia de esa parte de España.
Tras la victoria del sí en el plebiscito —con la abstención casi general de los catalanes contrarios a la secesión— y la posterior declaración de independencia de Cataluña ese mismo mes, el Gobierno español, presidido entonces por Mariano Rajoy, cesó al gobierno autonómico en pleno, aplicando el artículo 155 de la Constitución española.
El pasado 2 de octubre, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, dio un ultimátum de un mes al Ejecutivo español para que formule una propuesta para aplicar “el derecho de autodeterminación” de Cataluña, si bien esta advertencia fue rechazada por el actual presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.
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