Según la iniciativa divulgada por el Ejecutivo nicaragüense, presidido por Daniel Ortega, el anteproyecto denominado “Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz”, tiene por objeto establecer el marco jurídico general que garantice una política de Estado en esos temas.
La Administración actual espera que la aplicación de esta ley ayude a la eliminación de la violencia que se produce en las personas, las familias y en las comunidades, tanto en el ámbito personal, familiar y comunitario.
“Estas manifestaciones de violencia y los métodos violentos para resolver los conflictos pueden cambiarse a través de una cultura de paz”, señaló el Ejecutivo en la iniciativa.
Estas manifestaciones de violencia y los métodos violentos para resolver los conflictos pueden cambiarse a través de una cultura de paz”, señaló el Gobierno de Nicaragua en la iniciativa presentada para acabar con la violencia.
El anteproyecto sugiere resolver los desencuentros “aportando soluciones a la transformación y a la construcción de ambientes saludables, sanos en la familia y la comunidad, mediante estrategias de promoción de valores”, que permita eliminar la violencia como método para resolver los conflictos.
Desde mediados de abril de 2018, Nicaragua ha enfrentado una crisis que ha dejado severas afectaciones a ese país. El Gobierno de Nicaragua sostiene que la crisis sociopolítica fue provocada por organismos nacionales financiados por Estados Unidos que promovían la desestabilización nacional.
La Cancillería de Nicaragua ha cifrado en 961 millones de dólares los daños económicos ocasionados en los actos violentos, calificados de un “intento de Golpe de Estado” por la Cartera nicaragüense.
El subprocurador de derechos humanos de Nicaragua denunció recientemente que Estados Unidos aún realiza maniobras desestabilizadoras en este país con el objetivo de derrocar al Gobierno de Ortega.
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