Entre los que se encuentran en esa situación, el 29 por ciento no tienen más solución que vivir con sus padres, al tiempo que uno de cada diez está en estado precario.
Según la pesquisa, la cuarta parte de esos jóvenes tienen que destinar presupuesto de la salud o la alimentación al pago de un alquiler.
Investigaciones coinciden en las dificultades en el sector de la vivienda, las cuales golpean a unos 10 millones de personas en este país donde aumentan los llamados Sin Domicilio Fijo (SDF).
Una de las más recientes, elaborada por la Fundación Abbé Pierre, remarcó que 3,5 millones viven en las peores condiciones (sin domicilio, campamentos, refugios improvisados, en sitios insalubres o en condiciones de alojamiento muy difíciles).
Las políticas capitalistas perjudican gravemente a las familias trabajadoras y cada vez dejan a más gente en las calles. Las expulsiones persisten. En 2013 se registraron unas 120.000 por impago.
La pesquisa mostró que la situación se agravó para los más excluidos; el número de SDF aumentó un 50 por ciento en los últimos 10 años. Además de las familias, cada vez hay más jóvenes, solicitantes de asilo y pacientes psiquiátricos en las calles.
“Los dispositivos de asistencia ya no son apropiados y están congestionados”, expresa Manuel Domergue, Director de Estudios de la Fundación. Unos 1,8 millones de hogares están a la espera de alojamiento social, mientras que sólo 450.000 se conceden cada año.
Como resultados, algunas personas, desilusionadas de buscar ayuda, prefieren permanecer en una vivienda deficiente o durmiendo en la calle en lugar de llamar por teléfono todas las noches al 115 (acogida de urgencia), apunta Domergue.
El delegado general de esa institución, Christophe Robert, subraya que en 1990 las medidas implementadas para atender problemas de vivienda estaban bien calibradas, lo cual ya no es así a causa de la masificación de la precariedad.
Robert observa que algunos textos trataron de mejorar la situación, como la ley SRU para obligar a las comunas a producir alojamiento social o la ley Dalo para forzar al Estado a reubicar a los más pobres.
Sin embargo, recalca que persisten numerosos obstáculos como una crisis del sector que es subestimada y políticas sociales frenadas incluso por la ideología, pues se acompaña el mercado en lugar de regularlo. A ello se une una débil política territorial y la presión de los grupos de poder.
