Fernández respondió así un artículo publicado por el fiscal Ricardo Sáenz, quien sostuvo que "la sociedad argentina no tolera más la ilegalidad".
El jefe de Gabinete eligió las redes sociales y su página anibalfernandez.com para referirse a un artículo que también Sáenz subió a su página, y donde ensayó que la muerte de Nisman estaría provocando presuntas "consecuencias políticas".
En ese sentido, Aníbal Fernández sostiene que leyó "con atención el editorial del fiscal de cámara Ricardo Saénz", asegurando que "al leer el título de la nota, con renovado entusiasmo me volqué a su lectura", aunque -reconoce- "he sido ciertamente ingenuo al suponer que el fiscal haría una introspección con relación a la responsabilidad que le incumbe como integrante del Ministerio Público Fiscal".
"Muy por el contrario, lo poco sustantivo que encontré en su texto fueron afirmaciones impropias a los deberes deontológicos de un magistrado. En fin, no hay mas claro oxímoron que predicar la legalidad desde la irregularidad", expresó el funcionario.
"He sido ciertamente ingenuo al suponer que el fiscal haría una introspección con relación a la responsabilidad que le incumbe como integrante del Ministerio Público Fiscal" Al analizar la nota del fiscal, sostiene que "comienza pretendiendo ligar la muerte de Nisman con una ilegalidad. Hasta el día de hoy, continúa en un juzgado de instrucción que investiga la causa de la muerte ergo, nadie puede hablar de homicidio o de suicidio desde el punto de vista científico. Entonces es que cabe preguntarse: ¿Tiene certezas sobre la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman? ".
Enseguida, agrega: "Si las tiene debería acompañar los elementos que forjan su convicción a los estrados de la jueza Palmaghini o de la fiscal Fein. Si solamente habla desde la tribuna, como lo podría hacer cualquier tercero ajeno a la causa, debería saber que el reglamento disciplinario no le permite emitir opinión sobre causas en trámite".
"Indudablemente es un mal comienzo para hablar de la ilegalidad si se parte de ella. Me recuerda la nota dominical de un diario que reproduce una encuesta sobre la vivencia de los argentinos respecto al cumplimiento de la ley, desde la tribuna de doctrina forjada a partir de un crimen de lesa humanidad", resaltó Aníbal Fernández.
Por otra parte, indica que "no es la muerte de Nisman la que debería marcar un punto de inflexión en la relación entre el poder judicial y los servicios de inteligencia y el poder político".
"El paradigma de la ilegalidad es la denuncia del Fiscal Nisman que quiso abochornar a las instituciones de la república, so pretexto de una perversa manipulación de elementos hilvanados desprolijamente y con el teórico afán de preservar un statu quo personal y de otros a punto de derrumbarse como un castillo de naipes", expresó.
Por otra parte, añade que "también es paradigmática de la mayúscula ilegalidad, la perversa connivencia entre sectores de los servicios de inteligencia y la fiscalía de Nisman y el sinnúmero de actos ilícitos que pretenden marginarse del conocimiento social so pretexto de no mancillar la memoria del fiscal Nisman".
"Acaso, entre la necesidad de erigir un ídolo con pies de barro o investigar acciones con relevancia penal ¿no debe preferirse esta última opción? Entonces, me permito corregir al fiscal Ricardo Sáenz: no es la muerte del fiscal Nisman la que debe marcar un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial, es la comprobación lisa y llana de la falta de seriedad y probidad en la investigación del atroz atentado a la AMIA la que debe marcar un hito para todos los argentinos", señaló el jefe de Gabinete.
En tanto, indicó que "no son probos ni leales quienes encaran el debate con burdos sofismas. ¿Qué tiene que ver la muerte de Nisman con las denuncias de corrupción de funcionarios públicos? ¿Qué relación tiene la muerte de Nisman con las designaciones de la Procuradora Fiscal? Además cabe preguntarse si puede tolerarse que un inferior en grado, cuestione la legitimidad de resoluciones de la Máxima autoridad de su Ministerio que todavía se encuentran judicializadas. ¿Con qué autoridad moral habla de degradación institucional si contribuye a ella por su falta de decoro y respeto a la jerarquía?".
También se pregunta: "¿Puede un magistrado y catedrático afirmar que el gobierno influye en la designación de jueces de la Corte Suprema? Tiene derecho a pensar que no debiera tener la atribución constitucional de proponer los reemplazantes frente a la vacante del sitial pero, lo que no puede hacer es ignorarlo. ¿Es democrático oponerse a priori a la designación de un reemplazante? De seguirse el temperamento propiciado por el fiscal, qué mal haría a la república que en un eventual futuro gobierno de la oposición, los senadores del Frente para la Victoria se comprometan a no tratar ningún pliego para juez de la Corte Suprema hasta el año 2020? ¿Es ilegal el intento de reforma y actualización de nuestros vetustos códigos de fondo? ¿De qué consenso habla el fiscal? ¿Conoce alguna irregularidad en el cómputo de las mayorías con las que fueron sancionadas las reformas al código civil y al código procesal penal?"
Y concluye: "No tiene respuesta. No son muchos pero los que son, corren sin parar y no saben a donde. Como diría mi abuela… cuando no hay cabeza, todo se vuelve rabo".
