En febrero de 2003, la vida de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma y testigo clave de la venta de armas a Ecuador y Croacia, había entrado en una pendiente. Vivía amenazada, sin trabajo ni dinero y hacía ocho meses que no veía a Agustina, su hija.
Estaba físicamente consumida, por eso Giuseppe, su padre, decidió invitarla a su casa e San Rafael, Mendoza. Después de unas semanas, Lourdes decidió volver a Buenos Aires.
–Papá, me quieren matar.
–Entonces no se vaya, m’hija, quedesé en esta casa.
–No puedo, papá, tengo que buscar a Agustina.
Ese fue el último dialogo.
El 1 de marzo cayó por la ventana de su departamento en el 10 piso de un edificio de Barrio Norte.
Faltaban tres días para el reencuentro con su hija, de quien la había separado una decisión judicial, y una semana para declarar en la causa por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero.
Los sucesivos fiscales y jueces que tuvo el expediente nunca investigaron la hipótesis del homicidio, pese a las numerosas pruebas que apuntaban en este sentido. Finalmente la causa fue archivada. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación, que llegó a acumular 22 expedientes.
Para ordenar la reapertura del expediente, la Corte se basó en el dictamen de la fiscal Irma García Netto, quien destacó –entre otros puntos– que el Juzgado de Instrucción 14 “no tuvo en cuenta lo aprehendido en la reconstrucción de la caída que, a su entender señalaba que fue un homicidio" por "la imposible ebriedad" con "imposibilidad de movimientos".
En Mendoza, el único que no se enteró de la noticia fue Giuseppe: “Mi papá es un hombre mayor, está delicado, se ilusionó y se angustió muchas veces con esta causa. Decidimos no decirle para evitar emociones fuertes”, dijo a Infojus Noticias Cristina, hermana de Lourdes.
“Van a tener que empezar la investigación de nuevo, porque la que se hizo fue burda, muy mal llevada”, dijo a esta agencia la abogada de Giuseppe, Nilda Formoso. “El ultimo juez que tuvo la causa la archivó considerando que se trató de un homicidio, pero no podía determinar un culpable”, agregó.
“El testimonio de Lourdes Di Natale era clave para entender las conexiones políticas en torno a la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. Ella conocía las reuniones que mantenían los funcionarios de Menem con traficantes y personas claves. Nosotros la habíamos citado a declarar y debía presentarse en los primeros días de marzo”, recordó el abogado que investigó el atentado, Horacio Viqueira.
Muertes imperceptibles
Entre 1996 y 2003, testigos o implicados que sabían mucho murieron en aparentes accidentes o suicidios. Las sospechas de que fueron asesinados siempre existieron.
En octubre de 1996, el general Juan Carlos Andreoli, ex jefe de Arsenales del Ejército y ex interventor en FM, murió cuando el helicóptero en el que volaba cayó en el campo hípico de Palermo. Murieron once de los quince pasajeros y tripulantes, entre los que había altos oficiales argentinos y peruanos.
La familia de una de las victimas denunció que se trató de un atentado, y en 2004 la sala II de la Cámara Federal ordenó reabrir la causa.
“Andreoli era clave en la causa porque estuvo de los dos lados del mostrador”, señaló Viqueira. La causa fue archivada y luego reabierta para investigar si se trató de un atentado.
Otro que no llegó a juicio fue Carlos Alonso. Murió el 14 de septiembre de 1998, aparentemente de un infarto. Alonso fue jefe de verificación de embarques de armas, explosivos y pólvora de la Aduana en 1991, cuando fueron trianguladas armas argentinas a Croacia.
Y el 26 de agosto de 1998 fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su domicilio el capitán de navío retirado Horacio Pedro Estrada. Cuando integraba el grupo de tareas de la ESMA, se hacía llamar "Humberto”. Era zurdo y el balazo ingresó por la parte derecha de la nuca.
Estaba acusado de haber supervisado personalmente, y junto al traficante francés Jean Lasnaud, los conteiner con fusiles y municiones embarcados en el aeropuerto de Ezeiza con destino a Ecuador. Unos días antes había sido citado a prestar declaración indagatoria.
Qué sabía Lourdes
Durante la década del 90 Lourdes Di Natale fue secretaria privada de Emir Yoma y Ramón Hernández y Miguel Ángel Vico, estos dos últimos a su vez secretarios del presidente Carlos Menem.
Además fue la pareja del abogado Mariano Cuneo Libarona, con quien tuvo una hija. “La niña fue la carta que más usaron para presionarla”, contó la letrada Formoso. Lourdes manejaba la agenda de las personas más cercanas a Menem, eso la convirtió en una testigo crucial.
La primera denuncia la hizo ante la revista Noticias. Luego declaró varias veces en tribunales. La última, en 2001, ante el juez Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli, que instruían la causa por el tráfico de armas.
Contó que Yoma recibió una coima de 400 mil dólares por aquella operación, y nombró a varios empleados de FM que visitaban las oficinas de Emir. Lourdes entregó su agenda a la justicia. En ella registraba las reuniones de Yoma.
“Entre las personas que menciona en las reuniones estaba Diego Palleros, traficante de armas, Luis Sarlenga, ex interventor de FM y a Edberto González de la Vega, director de Coordinación de FM”, contó Viqueira.
Palleros y Sarlenga fueron condenados en el juicio por el tráfico de armas. González de la Vega recibió 15 años en el juicio realizado el año pasado, por el atentado a la fábrica militar de Río Tercero.
“La casa de Lourdes estaba revuelta, la puerta de servicio estaba abierta, el nivel de alcohol en sangre que le encontraron era para un coma etílico, imposible de moverse. Todo eso no se tuvo en cuenta. Tampoco nos aceptaron los pedidos de testimoniales que hicimos”, dijo Formoso.
Dos meses antes de morir, Lourdes había encontrado un libro de poemas en la puerta de su departamento. Era “Aceptación de la locura”, de Nené D’Inzeo. Ella lo interpretó como una de las tantas amenazas que recibía a diario y –sin leerlo– se lo envió a su abogada. La página 18 estaba marcada: “Arrastró su humanidad ya muerta hacia la ventana”, decía el poema.
