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» » Siete días de marcha en rechazo a las políticas “anti Pachamama” de Morales

(20/03/17 - Pueblos Originarios)-.Es una larga y dura caminata de más de 300 kilómetros, convocada por la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres. Iniciaron el viernes desde La Quiaca y arribarán a San Salvador de Jujuy el jueves.

Pueblos originarios de Jujuy realizan una larga y dura caminata de más de 300 kilómetros por la provincia, en rechazo a las políticas anti Pachamama del gobierno de Gerardo Morales.


La marcha fue convocada por la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres e inició el viernes desde La Quiaca. En tanto, tiene previsto arribar a San Salvador de Jujuy el jueves, donde esperan que su reclamo sea escuchado por los gobernantes. 

El cronograma incluye este lunes una protesta en Tilcara, el martes una ceremonia del Agua en Purmamarca, el miércoles marcha en Volcán y Bárcena. El viernes se sumarían a la conmemoración de la Memoria, Verdad y Justicia.

El fin de la iniciativa es la “defensa de la vida y el territorio” -según expresaron en un comunicado replicado por El Submarino Jujuy- que se desprenden en distintos reclamos.

Por un lado, la derogación de la Ley 5915 de Servidumbre, que es rechazada por anticonstitucional, inconsulta y violatoria de los derechos territoriales de las comunidades; y la detención de los proyectos de megaminería, como el “Chinchillas”. "Se está secando la puna", advierten. Esta es la región más afectada por la extracción minera "sin una política de gobierno que pretenda efectivamente proteger el medio ambiente", denuncian.

También rechazan la extracción de litio a cielo abierto, por el uso y la contaminación de grandes cantidades de agua dulce que supone. Aseveran que en ninguno de estos emprendimientos se realizó ningún tipo de consulta a las comunidades, que no dieron su consentimiento, lo que viola derechos constitucionales nacionales e internacionales.

Piden también que se implemente de manera efectiva y sostenida la educación intercultural bilingüe en la educación pública, ya que si bien está aprobada la normativa, no se está aplicando.

La marcha también reclama el fin de la criminalización de la protesta social e indígena. "Hermanos de comunidades indígenas como Cueva del Inca o Pucara son perseguidos y vistos como delincuentes por defender sus territorios", aseguran.

Se marcha además para expresar el desacuerdo con el modelo económico que viene implementando el gobierno: ajustes, tarifazos, inflación "que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los pequeños productores agrícolas, a los que sobreviven con la economía informal, personas que día a día buscan vivir dignamente".

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