La Organización de Abogados de Brasil (OAB) fundamentó el jueves su solicitud en un presunto delito de prevaricación que la Corte Suprema investiga sobre la base de testimonios realizados por Joesley Batista, uno de los dueños del gigante cárnico JBS.
En los últimos días, la oposición presentó doce peticiones de impeachment (juicio político) contra el mandatario brasileño, todas ellas basadas en la grabación realizada por Batista, la cual revela que Temer autorizó la entrega de sobornos al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ahora preso, para que permaneciese en silencio.
Todas estas peticiones deberán ser analizadas por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, a quien la Constitución faculta para decidir si acepta o rechaza solicitudes de esa naturaleza.
Sin embargo, Maia, un estrecho aliado del presidente Temer, dejó entrever que no tiene prisa para analizar las peticiones al decir que “cada uno de los pedidos será analizado con calma”, pues una decisión de esta envergadura “no se puede tomar de la noche a la mañana”.
Cada uno de los pedidos (de juicio político contra Temer por prácticas corruptas) será analizado con calma, pues una decisión de esta envergadura no se puede tomar de la noche a la mañana”, dijo el presidente de la Cámara Baja de Brasil, Rodrigo Maia.
A pesar del elevado número de peticiones para apartar a Temer de su cargo, alegando que cometió un crimen durante su mandato, Maia no hizo por el momento ningún movimiento, pero quiso remarcar que no descarta la opción.
Cabe recordar que Maia es también el siguiente en la línea sucesoria presidencial. Si Temer finalmente deja el Gobierno, Maia asumiría el cargo de forma provisional durante 30 días, hasta que se convocase una elección indirecta en el Congreso para elegir a un sustituto.
Si finalmente Temer se enfrentara a un proceso de destitución, Brasil viviría de nuevo el mismo proceso que el año pasado alejó de la presidencia a Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), que duró más de seis meses.
Los analistas políticos consideran este escenario poco probable y creen que la vía que tiene más opciones de acabar con el Gobierno de Temer es la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).
