Lo hizo al concederle a Canicoba Corral, el juez de la causa, una nueva prórroga de seis meses a su investigación, tal como había pedido el magistrado. En la resolución, la Sala I del Tribunal de Apelaciones, le advirtió a Canicoba Corral que debe intimar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo "a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias, extremen los esfuerzos para concretar las diligencias cuya realización depende de su exclusiva intervención".
Los camaristas Jorge Ballestero (foto) y Leopoldo Bruglia, que firman la resolución, enumeran algunos de los puntos que siguen sin tener respuesta y, dirigiéndose al Poder Ejecutivo, aluden a "la instrucción dirigida a todas las áreas de la administración pública nacional, con el objeto de que faciliten la información vinculada al atentado y/o su encubrimiento en los términos de los artículos 4 y 5 del decreto 395/15".
Esto permitirá "que el Presidente de la Nación releve en forma definitiva el secreto, reserva o confidencialidad respecto de ella y evalúe, en su caso, requerir a los gobernadores la concreción del mismo procedimiento en sus respectivas provincias".
También dispusieron que el juez exhorte a la Unidad AMIA del MInisterio de Justicia y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que den una respuesta a las medidas pedidas por la fiscalía del caso AMIA hace un año.
Entre otros puntos, los camaristas subrayaron "la particular preocupación que genera" un informe brindado por Cancillería "a través del cual se dio a conocer a los representantes del Ministerio Público Fiscal que en la visita que la Sra. Ministra de Seguridad- Patricia Bullrich- realizara al Líbano en el mes de mayo de 2016- es decir, hace exactamente un año-, no abordó la temática relativa a la cooperación penal en torno al atentado perpetrado en la sede de la AMIA".
Los camaristas también destacaron que los nuevos fiscales a cargo de la UFI AMIA tras la muerte de Alberto Nisman, Roberto Salum y Leonardo Filippini, elaboraron un dictamen en el que aludieron a medidas de prueba en marcha que permitirían llegar a la verdad de lo ocurrido en el atentado contra la sede de la mutual judía en Pasteur 633 que causó 85 muertos.
Sin embargo, advirtieron que, "más allá de advertir cierta intensificación de los esfuerzos " por parte de ellos, los fiscales, "de la lectura del dictamen aquí analizado se desprenden datos de extrema relevancia vinculados a medidas de prueba cuyos resultados- pese al lapso transcurrido desde que fueran concretadas- aún resultan desconocidos".
"Pero, además, tampoco fueron ofrecidas mayores explicaciones relativas a las razones en las que se funda ese desconocimiento y, aún más, cuáles serían las probabilidades que muchas de ellas podrían conllevar para el esclarecimiento de la acción criminal ocurrida hace más de dos décadas en la sede de la AMIA", advirtió en su voto el camarista Ballestero.
La Cámara aludió además a las notificaciones rojas de Interpol con pedidos de captura de ciudadanos iraníes renovadas la semana pasada contra Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rezai y advirtió sobre otras pendientes.
"Resta aún encomendar se extremen los esfuerzos dirigidos a reiterar la petición primigeniamente formulada al Ministerio de Seguridad, a fin de que sean arbitrados los medios necesarios con el objeto de que la Organización Internacional de Policía Criminal -Interpol- reevalúe la solicitud de notificación roja respecto de Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, Alí Akbar Velayati y Hadi Soleimanpour", escribieron Bruglia y Ballestero, a pesar de que el ex presidente Rafsanjani falleció el pasado 8 de enero.
También, advirtieron los jueces, "reviste suma relevancia se requiera, de manera urgente, la información relativa al procedimiento dirigido a relevar de secreto los tramos de la actividad estatal cuya confidencialidad en la actualidad ya no se encuentra justificada".
Ello "motivó la solicitud de una reunión con los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación en abril de 2016; y la concreción de un encuentro con la Vicepresidente de la Nación- Licenciada Gabriela Michetti- en el mes de mayo de 2016", recordaron
"Al respecto, no puede soslayarse que, pese a que ha transcurrido un año desde que fuera formulada esa petición, no se obtuvo, por parte de la autoridad parlamentaria, novedad alguna contemplativa de la solicitud formulada desde la órbita del Ministerio Público Fiscal", enfatizaron Ballestero y Bruglia.
También ordenaron, "ante la ausencia de respuesta luego de las solicitudes realizadas por los acusadores públicos", exhortar "al Director General de la AFI con el objeto de que informe a la mayor brevedad posible el plan diagramado con la finalidad de poner a disposición de la UFI AMIA el material indicado en el decreto 395/2015, acorde con la petición que en tal sentido formularan los acusadores públicos el 3 de noviembre último, y que a la actualidad se encuentra pendiente de respuesta".
Lo mismo dispusieron para con el titular de la Unidad Especial de Investigación Amia, el ex senador Mario Cimadevilla, "en punto a la compulsa y desclasificación de materiales en poder de la Gendarmería Nacional".
La Cámara consideró que debe procurarse "alcanzar un pronunciamiento definitivo, aventando mayores dilaciones en la búsqueda de la verdad y la justicia" sobre el atentado terrorista que aún permanece impune.
El secreto sobre las declaraciones en juicio de los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, hoy Agencia Federal de Inteligencia) que había sido relevado por el gobierno anterior durante la realización del jucio por al atentado, que terminó en el añó 2004 con la absolución de todos los acusados, fue reestablecido por el Tribunal Oral Federal nº 2 para el juicio por el encubrimiento y el desvío de las investigaciones.
En este juicio que está en curso y que casi no es cubierto por los medios, están siendo juzgados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem y quien fuera su secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, el comisario Carlos Castañeda, jefe de los investigadores de la Policía Federal, el entonces juez de la causa, Juan José Galeano, y los entonces fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia.
