El Estado uruguayo fue severamente cuestionado por representantes de organismos defensores de los derechos humanos, que advirtieron sobre la "falta de voluntad política" de los tres poderes para buscar justicia en casos de violaciones de DDHH durante la última dictadura y denunciaron que no se adoptó "ninguna medida de protección" para activistas y dirigentes del sector amenazados de muerte.
La excusa para poner en debate el rol del Estado fueron las amenazas que el Comando Barneix -por un militar que se suicidó cuando debía declarar ante la justicia- le hizo llegar a activistas y dirigentes de organismos, en un caso del que jamás se aclaró nada.
La cuestión fue discutida en una mesa de la CIDH -que sesionó que sesionó la semana pasada en un hotel de Buenos Aires- a la que no asistió ningún representante del Estado uruguayo, lo que también generó molestias entre los organismos agrupados en el Observatorio Luz Ibarburu, que reúne a varias entidades de defensa de los DDHH.
La tarea de estas entidades "se vio afectada por amenazas, hostigamiento, la responsabilidad de las instituciones estatales en el empantanamiento de causas y la persistencia en democracia de los servicios de inteligencia públicos sobre la sociedad civil y sus organizaciones", advirtió Raúl Olivera, coordinador del Observatorio y dirigente de la central sindical PIT-CNT.
El abogado Pablo Chargoñia, por su parte, lamentó las "descoordinaciones" en el trabajo de los jueces y fiscales de derechos humanos, que dificulta el avance de los casos; advirtió que las medidas en marcha "no logran trascender la pura elaboración institucional sin un resultado eficaz", y reclamó al Estado que se haga cargo del problema de las amenazas para determinar "las responsabilidades materiales e intelectuales".
Los generales Pedro Barneix y Carlos Díaz integraron una comisión del Ejército a la que el presidente Tabaré Vázquez durante su primer mandato le encomendó investigar el destino de los detenidos-desaparecidos en la dictadura de 1973-85, pero en septiembre de 2015 el primero de ellos fue procesado por la jueza Beatriz Larrieu por el homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974.
Cuando un policía llegó al lugar para detenerlo, Barneix fue a su dormitorio y se pegó un tiro en la cabeza.
"El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune; no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos; por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente" de una lista, anunció el entonces flamante "Comando Barneix".
En esa lista estaban el ministro de Defensa, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la ex fiscal Mirtha Guianze; la docente y ex vicecanciller Belela Herrera; los abogados Oscar López Goldaracena, Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez Burlé; el jurista francés Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke, y la investigadora italiana Francesca Lessa.
El mensaje fue enviado a través de Tor, una plataforma que protege al emisor de la vigilancia a través de internet, por lo que es muy difícil conocer el origen de los correos.
En la sesión de la CIDH, los representantes de la sociedad civil denunciaron, además, que tampoco hubo avances en la investigación por el robo de datos e informes, en marzo del año pasado, a los laboratorios del equipo de Antropología Forense que tiene base en la Facultad de Humanidades y trabaja en la identificación de víctimas.
