El pedido se hizo en medio de los alegatos en los que los fiscales Miguel Angel Palazzani (foto) y José Nebbia pidieron penas de prisión perpetua para 24 de los 31 imputados. Palazzani enfatizó durante el alegato que pronunció en esta tarde en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, que la conducta del diario "lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión fue un acto de perfectamente proyectado junto con los altos mandos militares y que era esencial e indispensable al plan criminal".
"Lo definimos como un caso de acción psicológica que no sólo formó parte del entramado criminal sino que fue una parte esencial sin la cual no pudo haber llevado a cabo el genocidio en Bahía Blanca y la región", enfatizó.
El representante del ministerio Público Fiscal también sostuvo que "la realidad y la historia de los hechos juzgados fue escrita por La Nueva Provincia y en esa versión diagramada día a día no encontraremos ningún rasgo de genocidio, de plan sistemático, de terrorismo de Estado".
"Las víctimas de éste juicio no sólo han sido llevadas a centros clandestinos de detención, fusiladas y desaparecidas, también han sido desaparecidas sus identidades y reemplazadas por la imagen del 'delincuente terrorista'", sostuvo.
Palazzani afirmó también que "la única posibilidad de conocer la verdadera versión de los hechos en ésta ciudad son éstas sentencias" al indicar además que "el derecho de la verdad histórica también le pertenece a la comunidad".
"Por ello este Ministerio Público Fiscal solicita que la parte resolutiva de la sentencia que recaiga en este juicio se publique en el diario La Nueva Provincia y en un lugar destacado y visible para que la sociedad bahiense se pueda enterar", comentó.
El agente fiscal agregó que "lo que se peticiona forma parte del cumplimiento por parte del Estado argentino de la obligación de reparar las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el aparato estatal en complicidad con, en este caso, un medio de comunicación".
Los fiscales llevaron a cabo el pedido ante el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti, y Martín Bava en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur.
Se trata de la causa 1/12 denominada "González Chipont, Julio y otros s/privacion ilegal de libertad" y por la cual se encuentran imputados militares retirados del Ejército, ex policías provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén y ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que actuaron en la represión ilegal y en diversos centros clandestinos de detención, torturas y exterminio.
También y en ese marco, los fiscales solicitaron al Tribunal que los delitos sean declarados de lesa humanidad y de genocidio, que se revoquen las prisiones domiciliarias y que cumplan arresto en una cárcel común.
El tradicional diario de la familia Massot, estrechamente ligada a la Armada, cambio recientenente de dueños; su edición impresa solo aparece los sábados y domingos y acortó su nombre a "La Nueva".
