La resolución que cambia los requisitos está a la firma de Carolina Stanley y establece que para obtener el beneficio habrá que tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con criterios distintos y más restrictivos que los que existen ahora para la aprobación de las pensiones por invalidez, enfocados en las posibilidades de trabajar del damnificado cuando se encuentra en condiciones de vulnerabilidad social. Hoy sólo 400 mil sobre un millón de beneficiarios de esas pensiones poseen el CUD, lo que da cuenta del riesgo de recortes masivos en ese derecho.
Desde que llegó al gobierno Cambiemos recortó las pensiones no contributivas con la excusa de que se trata de un coto de clientelismo político del gobierno anterior, que elevó el universo de personas atendidas desde 350 mil en 2003 a 1 millón 600 mil en 2015. Durante la gestión de Stanley se produjeron 100 mil suspensiones y bajas generalizadas en 2016 y unas 70 mil en el primer semestre de este año que, pese al escándalo público que generó el tema, no fueron restablecidas en su totalidad. No hay números oficiales: para los sindicatos aún quedan más de 100 mil sin reponer, la mayoría del año pasado.
La resolución que aguarda la firma de Stanley y que ya comenzó a circular en el ministerio exige la “presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el documento que lo reemplace emitido de conformidad con lo establecido por la ley 22.431 con la intervención de la Junta Médica Evaluadora Interdisciplinaria del Servicio Nacional de Rehabilitación, dependiente del Ministerio de Salud correspondiente a la jurisdicción donde se encuentre domiciliado el solicitante”.
Ese certificado se otorga a personas discapacitadas, pero hasta ahora las pensiones por invalidez se dan a aquellos que puedan demostrar una disminución en su capacidad laboral, aunque no sean estrictamente discapacitados como, por ejemplo, los enfermos de cáncer, de HIV, diabetes insulino dependientes, lupus, celiaquía, lumbalgia en porcentajes elevados, entre otras. Son dolencias que dificultan su contratación formal en el mercado de trabajo pero que no califican para conseguir el CUD.
Los solicitantes de pensiones por invalidez tramitan hasta ahora un certificado médico oficial ante hospitales públicos, donde se convalida su incapacidad laboral. En lugar de ello, la resolución acota la obtención del CUD a las Juntas Médicas Evaluadoras, muy inferiores en número –en la mayoría de las provincias hay solo una en la capital del distrito–, lo que generará graves demoras para conseguir un turno. Pero, sobre todo, el riesgo es la exclusión de personas disminuidas en su capacidad laboral aunque su trastorno no encuadre en la categoría de discapacitado. En la actualidad hay 1.063.000 pensiones por invalidez, de las cuales 663 mil carecen del CUD.
