La fiscal federal Paloma Ochoa imputó al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, y también a la titular de la Oficina Anticorrupción en una causa por supuesto "conflicto de intereses e impacto ambiental" en la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz.
La denuncia, que recayó ante el juez federal Sebastián Ramos, pidió que se investigue si Aranguren, Alonso y Marcolini incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".
Los denunciantes detallaron también que el 10 de diciembre de 2015 Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica y el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental.
