"Que la Corte diga no" es el nombre de la campaña que consta de tres etapas. La primera consistirá en la difusión de videos de juristas que argumentan acerca de la inaplicabilidad del 2x1 para delitos de lesa humanidad. La segunda, será la difusión de un spot de los organismos, y la tercera procurará viralizar fotos con el cartel de la campaña de todas las personas que apoyan el reclamo y las envíen a quedigano2x1@gmail.com.
Entre quienes brindaron sus testimonios para la fase de apertura están Paulo Abrao (foto), secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema; Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista; María Roqueta, ex jueza federal, y Federico Delgado, fiscal federal.
La agrupación Memoria Abierta, organizadora de la campaña, explicó que el objetivo es "visibilizar que este peligro se encuentra latente" y que "no existen razones para que la Corte Suprema dilate el tratamiento d el tema".
El fallo de la Corte Suprema del 3 de mayo pasado que por mayoría dictaminó la aplicación del beneficio del 2x1 al condenado represor Luis Muiña generó una fuerte polémica en torno a su aplicabilidad y tuvo como respuesta un multitudinario rechazo popular expresado en las calles de las principales ciudades del país y una retahila de pedidos de los abogados defensores de los represores condenados.
A la polémica se sumó la aprobación de la ley 27.362 sancionada por el Congreso que excluye de ese beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad, ley que se sancionó precisamente para impedir que se repita un fallo como el del caso Muiña.
Por su parte, la procuradora general de la Nacion, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen en el que señaló que la inaplicabilidad del 2x1 para represores "surge de la obligación constitucional del Estado Nacional de asegurar que las penas impuestas en casos de graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales, y que la aplicación de las normas internas no constituya un factor de impunidad".
"No existen razones para que la Corte dilate el tratamiento de este tema. Tanto los querellantes como la Procuración General de la Nación sostuvieron en presentaciones ante el máximo tribunal que no corresponde la aplicación del 2×1 para los criminales de la última dictadura, en línea con la ley que aprobó el Congreso el 10 de mayo último y promulgó el Poder Ejecutivo dos días después", finaliza el comunicado de Memoria Abierta.
