En su nota, que reproducimos a continuación, manifiestan, no solo su apoyo, sino que además fundamentan los motivos por los que consideran que el ejecutivo nacional busca avasallar al Poder Judicial.
Solicitada
La República se encuentra amenazada por el intento declarado por el propio Presidente de la Nación de imponer también jueces que actúen en forma congruente al sesgo político de su gobierno.
Así lo exigió el Presidente Macri cuando dijo “los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros jueces que nos representen” (Ver “Clarín” edición del 1/6/2017)
La Procuradora General de la Nación es una magistrada de jerarquía, dignidad, obligaciones e inmunidades iguales a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sin embargo, el Poder Ejecutivo quiere removerla, alegando para ello –como si esto fuera “natural” – que no es congruente con su visión de la justicia.
Esto es parte de la manifiesta pretensión de concentrar todos los poderes estatales en manos del grupo que, encabezado por el Presidente, hoy administra el Estado Nacional. Esto es totalitarismo.
La Dra. Alejandra Gils Carbó, al frente de la PGN, ha desarrollado una fecunda acción creando programas, unidades y procuradurías especiales (UFISES, UFI-PAMI, PROCUVIN, PROCELAC y otros), programas especialmente dedicados a brindar acceso a la justicia a sectores vulnerables que no disponen de medios para obtenerlo (ATAJOS, DOVIC). En suma, la Procuradora ha trabajado para hacer realidad, el acceso a la jurisdicción que garantiza la Constitución Nacional en Art. 18 y ccs., y en numerosos tratados de Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución.
Frente a esto, se ha armado una causa contra ella, acusándola de un delito inexistente, una supuesta defraudación que solo es producto de una maquinación seudo jurídica. Esta es la única forma en que puede sintetizarse un escenario en el que se acusa de “defraudación” sin que exista perjuicio económico para el defraudado, y menos aún, lucro indebido para la que supuestamente defrauda, extremos requeridos por Art. 173 CP.
La causa es un “armado” porque no están acreditados los extremos que el Código Penal requiere. Ello así, a pesar de tratarse, el procesamiento, de un fallo de 211 páginas.
La doctora Alejandra Gils Carbó hace un gran sacrificio personal, honrando la dignidad de su cargo y defendiendo el derecho de todos los argentinos, y también por eso le brindamos nuestro mas caluroso y sólido apoyo. Su valentía defiende el Estado de Derecho sin el cual caeremos en la mas abyecta tiranía, maguer de la legitimidad de origen del Gobierno del Presidente Macri. La Procuradora debe permanecer en su puesto porque, si su dignidad es arrasada, será en definitiva la República la que quedará devastada.
La utilización política de sectores adictos de un Poder Judicial corporativo, nos pone en riesgo de reiterar en la argentina experiencias políticas terribles sufridas por otras naciones. No lo permitamos
Defendamos la República. Frenemos el totalitarismo. La causa armada contra la Procuradora General de la Nación debe concluir cuanto antes.
