Córdoba: Finalizaron alegatos de las defensas en la Causa de los Magistrados
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba (TOF2) pasó a cuarto intermedio hasta el martes 31 de octubre para continuar con las réplicas y las duplicas de las partes.
El proceso oral comenzó el 25 de julio último y tiene en el banquillo al ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez; al ex juez Federal Miguel Ángel Puga (foto); al ex fiscal Federal Antonio Cornejo y a ex defensor oficial Federal Ricardo Haro.
Los alegatos comenzaron el 18 de setiembre con las exposiciones de las querellas, que solicitaron cinco año de prisión para Otero Álvarez y tres años de prisión para Puga y Cornejo.
En tanto el 3 de octubre los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta solicitaron penas de siete años para Otero Álvarez, cinco años para Cornejo y Puga y dos años para Haro.
En esta causa "Cornejo, Antonio Sebastián y otros", el debate oral y público está a cargo de los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino y en ella se investigan cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de torturas, secuestros, homicidios y otros delitos.
Son más de 70 las víctimas que, en calidad de prisioneros políticos pasaron por la Dirección de Informaciones Policiales (D2), de la Policía provincial y luego por la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba en causas abiertas por violación a la denominada "ley antisubversiva" (20.840) de la dictadura.
De acuerdo con los elementos que constan en el auto de elevación a juicio, los ex funcionarios judiciales federales están acusados de no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.
Al ser indagados por esas causas, en la que se formalizaba la persecución política, las víctimas pusieron en conocimiento de jueces, fiscales y defensores las violaciones de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D2 y continuado en la UP1, pero los funcionarios de la Justicia Federal nunca promovieron la investigación de esos delitos.
