Moriena es el segundo agente del SPB detenido por falso testimonio durante las audiencias por la Masacre de Magdalena ocurrida en 2005. Estos testimonios dan cuenta de una actitud corporativa que busca encubrir las responsabilidades penales para consagrar la impunidad. La Comisión Provincial por la Memoria reafirma el compromiso con la verdad y justicia, y señala que es indispensable encarar reformas estructurales en el sistema de encierro todavía pendientes. Sin justicia esas reformas no llegarán.
En la audiencia del 29 de septiembre, el agente Javier Casco —que estaba de guardia la noche del incendio y aún presta servicios en la Unidad 28 de Magdalena— dijo, frente a los jueces, no recordar nada de esa noche y mintió acerca de no haber comentado los hechos con otros compañeros. Un mes después, otro agente del SPB, Hugo Moriena, declaró el mismo olvido. El Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Plata decidió la detención de los dos penitenciarios por falso testimonio.
Moriena no estaba en el penal la noche de la masacre, se reincorporó al día siguiente y tuvo una conversación con Carlos Busto, uno de los 17 imputados en el juicio. La declaración de Moriena en el sumario administrativo sobre esa charla demostraba que los imputados estuvieron en la puerta del pabellón y que, durante el incendio, la puerta estuvo cerrada con candado.
Sin embargo, durante la audiencia de ayer, Moriena intentó desdecirse: ante las preguntas de la fiscal Florencia Budiño, los abogados y los jueces, el testigo admite haber tenido esa conversación pero dice que no recuerda o “no sabe nada” de qué habían hablado, ni podía asegurar que se tratase de los candados o de la puerta del pabellón 16 o cualquier otro “porque hay muchos candados en la unidad”. Por la inconsistencia, imprecisiones y mentiras de su declaración, la fiscal pidió su detención por falso testimonio, la que fue avalada por los jueces.
Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante de la causa, las declaraciones de Moriena y Casco no son simples olvidos: forman parte de un plan para encubrir las responsabilidades de los 17 funcionarios y agentes del SPB imputados por la muerte de las 33 personas en la masacre de Magdalena. Un plan de encubrimiento que se sostiene sobre la base de una actitud corporativa que es capaz de cometer todas las ilegalidades posibles para defender a sus compañeros de fuerza y consagrar la impunidad.
En este escenario, para la CPM es indispensable que la justicia avance con determinación en la búsqueda de verdad y justicia. Frente al silencio corporativo del SPB, están los testimonios de las personas que estuvieron detenidas la noche del 16 de octubre de 2005 en dicha cárcel. Sus declaraciones coinciden y reconstruyen lo que pasó: primero el ingreso con escopetas antitumultos y perros para reprimir una discusión menor, luego el fuego y los agentes del SPB que se repliegan y cierran la puerta del pabellón 16 con candado mientras golpean a quienes intentan ayudar.
12 años después nada cambió en la cárcel de Magdalena
En este marco, no sólo es indispensable llegar a la verdad, la justicia y condenar a los responsables. También el Estado tiene el deber político y la obligación jurídica de tomar medidas urgentes para revertir la grave crisis actual del sistema penal. Desde el primer momento la CPM advirtió sobre las responsabilidades políticas de esta masacre porque existían condiciones estructurales que la hicieron posible: sobreencarcelamiento, hacinamiento, torturas y la ausencia de un plan de emergencia contra incendio. 12 años después, los responsables políticos nunca fueron juzgados y muchos de ellos siguieron o siguen ocupando cargos jerárquicos en el Estado.
12 años después, la situación de la UP 28 es un caso testigo de todas las cosas que están mal. Lejos de todos los estándares internacionales, desoyendo las innumerables denuncias que realizó la Comisión Provincial por la Memoria y organismos internacionales de derechos humanos, la situación en el penal de Magdalena es hoy aún más grave de lo que lo era cuando ocurrió la masacre. Es decir, ni siquiera la muerte de 33 personas en uno de los peores crímenes en la historia del sistema de encierro en Argentina fue capaz de conmover a los poderes del Estado para encarar reformas profundas sobre un sistema que no sólo no se modifica sino que sigue reproduciendo las condiciones para que estos hechos sigan ocurriendo.
En el 2005 había 592 detenidos en la UP 28, en un lugar con capacidad para 358 personas, incluyendo las plazas originales inauguradas en 1997 y las creadas en 2002 con la construcción de dos “módulos de alojamiento de bajo costo”, uno de los cuales fue escenario de la masacre. Desde el 2005 a la actualidad, la cantidad de personas detenidas en la UP 28 pasó de 592 a 1199. En ese mismo tiempo, no se amplió la capacidad de alojamiento, profundizando el hacinamiento y agravando las condiciones detención.
Desde 2005 hasta la actualidad, la población detenida en esta unidad reflejó un aumento sostenido, exceptuando los años 2006, 2008 y 2015 donde la cantidad se redujo mínimamente sin atenuar en nada las graves violaciones a los derechos humanos. Este aumento de la tasa de prisionización fue el correlato de las políticas de mano dura y policialización de la justicia y, en ese sentido se observa el efecto de la declaración de emergencia del ex gobernador Daniel Scioli en 2014 que se prorroga año a año, también por la gestión de Cambiemos.
La UP 28 es la más sobrepoblada de todo el SPB. En 2015 con 206%, en 2016 con 223% y este año con 235% (muy por encima del nivel general de sobrepoblación del 89%): se necesitarían tres unidades 28 para alojar a todos los detenidos que hoy entran en una. A su vez, actualmente, el 37% de los detenidos en la UP 28 están penados y el 63% procesados. Es decir, aloja a más de 700 personas cuya culpabilidad aún no ha sido probada o confirmada por las máximas instancias judiciales.
A esto se agrega la práctica sistemática de la tortura. En los últimos tres años, se realizaron 777 entrevistas con personas detenidas en la UP 28 o sus familiares. A partir de ellas se denunciaron 2.015 hechos que implicaron agravamientos en las condiciones de detención, todas ellas torturas o malos tratos: agresiones físicas, requisas vejatorias, desatención de la salud, deficiente alimentación, robo/daño de pertenencias, malas condiciones materiales y aislamiento.
La condena a los responsables de la masacre de Magdalena debe ser ejemplar para poder avanzar en reformas estructurales. De lo contrario, masacres como Magdalena podrán repetirse como pasó en la comisaría 1° de Pergamino hace siete meses.
