Puigdemont ha comparecido este martes ante los medios para anunciar el establecimiento “indefinido” en Bélgica de la administración catalana cesada por Madrid, con el fin de exponer en el centro neurálgico de la Unión Europea (UE) la situación del proyecto independentista y denunciar lo que considera parcialidad de la Justicia española.
La reacción del Gobierno español al proyecto de secesión ha sido tildada por el expresidente de la Generalitat de “ofensiva” y de “persecución de las ideas”, en referencia a la aplicación del artículo constitucional 155 y al doble expediente judicial anunciado por la Fiscalía contra su administración y contra la Mesa del Parlamento regional por delitos de rebelión, sedición, malversación y delitos conexos.
El líder independentista ha defendido su modo de actuar en la declaración independentista del viernes en el Parlament y después de ella en nombre de “la prudencia, la seguridad y la negociación”, aun a costa de “retrasar la república”. “No se puede construir la república de todos desde la violencia”, ha dicho.
Por ello, Puigdemont ha anunciado cuatro determinaciones prácticas, incluida la de “poner en evidencia la actuación del Gobierno español, denunciar la politización de la Justicia española y mostrar al mundo el grave déficit democrático que existe en el Estado español” desde Bruselas.
La segunda es la permanencia en España de “la otra parte del gobierno, encabezada por el vicepresidente (Oriol Junqueras), (…) como miembros legítimos del gobierno de Cataluña” para enfrentarse “políticamente” a la acción de la Justicia española.
No se puede construir la república de todos desde la violencia”, dice el expresidente regional catalán, Carles Puigdemont.
En tercer lugar, el cesado presidente catalán ha pedido a los sindicatos y organizaciones pertinentes que hagan cuanto esté en su mano para evitar la “demolición de las instituciones catalanas”. Entre las medidas esgrimidas por Madrid para frenar el independentismo está, en particular, la disolución de Diplocat, sistema diplomático paralelo puesto en marcha por la Generalitat como hipotético embrión de un Ministerio de Exteriores catalán.
Por último, el líder secesionista ha asumido la participación de su fuerza política en las elecciones autonómicas anunciadas para el 21 de diciembre por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
El traslado a Bélgica de Puigdemont y cinco consejeros de su cesada administración se produce tras el anuncio de la citada querella el lunes posterior a la declaración del viernes 27 y a la ulterior intervención de la Autonomía por las instituciones del Gobierno central, semanas después de celebrarse el ilegalizado plebiscito de secesión respecto de España del día 1 de octubre.
