La detención ilegal de varias personas, entre ellas el militante social Carlos Casal, a manos de la Gendarmería Nacional, sumado a las heridas y golpes sufridos por varios diputados nacionales, en el marco de protestas pacíficas contra la reforma previsional, son hechos graves que lesionan la democracia. el pronunciamiento de la Comisión Provincial por la Memoria
La masiva militarización del espacio público y el cerco de gendarmes alrededor del Congreso Nacional, sumada a los distintos hechos de represión violenta de las manifestaciones públicas de los últimos días, exponen con crudeza la decisión del gobierno de criminalizar los reclamos populares, en este caso contra una medida regresiva que afectara a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como son los jubilados y pensionados, niñas, niños y adolescentes que perciben la AUH y ex combatientes de Islas Malvinas.
El gobierno debe garantizar el derecho constitucional a la protesta social, detener la represión, la violencia y promover e implementar políticas que favorezcan a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
