Por unanimidad, los magistrados del TC han decidido mantener como ilegal una investidura telemática o por delegación, pero no se pronuncian sobre la solicitud del Gobierno central español de anular la convocatoria de la sesión, por una supuesta certeza de Madrid de que el ex alto funcionario no se personará.
Según publican varios medios de prensa madrileños, el alto tribunal advierte además de que Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención por la intentona independentista de octubre, deberá comparecer si lo hace provisto de una autorización judicial.
Para ello, el expresidente de la Generalidad debería entregarse a la justicia y ser detenido, para a continuación reclamar que se le permita someter su candidatura a presidir de nuevo Cataluña en la cámara regional. La decisión correspondería al magistrado Pablo Llarena, que el pasado lunes rechazó emitir una euroorden contra Puigdemont por estimar que este “buscaba la detención para subvertir la finalidad” de ese mecanismo.
Además, la corte da un aviso al presidente del Parlamento regional catalán, Roger Torres, sobre la responsabilidad —incluida penal— que pueden asumir él y la Mesa de la cámara si desobedecen la resolución del TC y deciden permitir una investidura de Puigdemont por medios telemáticos.
El Parlament tampoco tiene derecho, decide la instancia judicial, a contabilizar voto alguno por delegación, ni del expresidente autonómico ni de ninguno de los 4 exconsejeros que permanecen junto a él en la capital belga, Bruselas. De esta manera y si los cinco no consiguen acceder a la cámara, los 70 votos que sumaron las fuerzas independentistas el 21-D quedan reducidos a 65 (menos de la mayoría).
Ayer viernes, el partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña (JxCat) —sucesor de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC)—, había presentado sendos escritos ante el TC y el Tribunal Supremo españoles para paralizar el recurso de Madrid contra la investidura, alegando que el líder independentista no descarta acudir el martes al pleno del Parlamento catalán.
Esta semana, el ministro de Interior de España, Juan Ignacio Zoido, había prometido “procurar que (Puigdemont) no pueda cruzar la frontera en helicóptero, en barco, o en el maletero de un coche” para presentarse en la cámara autonómica a defender su candidatura.
