Así lo definieron durante una reunión realizada este sábado en la Ciudad de Azul, que congregó a unos 15 Intendentes peronistas del interior, legisladores provinciales, concejales y referentes opositores en distritos gobernados por la alianza oficialista.
Según consensuaron en un documento dado a conocer al término de la reunión, la condición para adherir al Pacto Fiscal, será una respuesta satisfactoria de los reclamos que le presentarán a la gobernadora María Eugenia Vidal.
El pronunciamiento de los intendentes, legisladores y concejales del interior de la Provincia de Buenos Aires, señala que “además de asumir la diaria responsabilidad de dirigir el destino de nuestras ciudades, nos encontramos ante la obligación indeclinable de tomar posición política frente a la grave situación económica y social a la que nos expone el modelo financiero de exclusión, endeudamiento y ajuste que encabeza Mauricia Macri en la Nación y María Eugencia Vidal en la provincia".
El documento expresa que "La ciudad de Azul nos recibe hoy con un triste panorama: casi 250 trabajadores y trabajadoras de Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul (FANAZUL) han quedado en la calle por la decisión arbitraria del gobierno nacional quien, guiado por una visión economicista y ajustadora, cerró y puso en situación de desguace una empresa estratégica para los intereses nacionales y para el desarrollo local. Declaramos nuestro total repudio a los despidos y exigimos al gobierno provincial que tome cartas en el asunto para evitar el cierre de la fábrica que impacta sobre la economía de toda la región".
A su vez, consideran que "de la mano de un gobierno para ricos, retorna ahora el mismo modelo neoliberal, que no contento con el tarifazo que produjo aumentos en todos los servicios públicos, produce con sus políticas el brutal ajuste en el bolsillo de los trabajadores, así como una escandalosa reforma previsional que reduce los haberes de los jubilados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y veteranos de Malvinas, destruyendo la capacidad adquisitiva de cientos de argentinos y argentinas".
El documento sostiene que la reforma previsional que Vidal pretende impulsar bajo el nombre de “armonización previsional”, al régimen jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, “transfiriere recursos de trabajadores y jubilados para cumplir con los compromisos asumidos con los organismos multilaterales de crédito. Rechazamos absolutamente esta política de ajuste en los trabajadores y jubilados".
"Frente a este panorama, muchos de nuestros intendentes tuvieron que hacerse cargo de la situación de sus vecinos, intentando diseñar políticas alternativas para paliar esa realidad, con recursos municipales. Todo ello se ponen en tela de juicio a partir de la pretensión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de que los jefes comunales adhiramos a una Ley de Responsabilidad Fiscal a la que llaman pacto, pero que nada tiene de consenso ya que se están ejerciendo presiones verdaderamente extorsivas para conseguir su firma".
Entre los puntos reclamados, también figuran rediscutir el régimen de coparticipación y la reedición del Fondo de Infraestructura, una modalidad surgida en los últimos años de la administración de Daniel Scioli y continuada por Vidal durante sus primeros dos años de gestión, actualmente dado de baja.
Con relación a la coparticipación, los jefes comunales buscan participar en la redefinición del Coeficiente Único de Distribución (CUD) que el Gobierno elaborará este año, pero fueron más allá al plantear que se amplíe el porcentaje de recursos que la Provincia gire a las comunas.
