El presidente Mauricio Macri brindó una entrevista al canal español RTVE que usó como plataforma para una actitud que, por lo menos, podría ser evaluada como poco feliz para los intereses nacionales y contradictoria con la postura argentina ante la justicia internacional: es que a pesar de que ante los tribunales estadounidenses el gobierno PRO argumenta que la expropiación de YPF en 2012 fue una "decisión soberana", el jefe de Estado defendió a España y los fondos que reclaman multimillonarias sumas al Estado a modo resarcitorio en detrimento de las arcas públicas argentinas, y usó esa operación como excusa por el fracaso en la llegada de inversiones al país desde que Cambiemos accedió a la Casa Rosada.
"Fue un error muy grave haber confiscado una empresa como lo hizo el gobierno anterior para después ir al Congreso y transformarlo en una expropiación. Generó un daño en la relación (con España). Pero son tantas las cosas que nos unen que siento que se ha superado prácticamente en forma total ese momento", afirmó Macri ante el corresponsal de ese medio en Buenos Aires, en una entrevista que se realizó en una sala contigua al Salón Evita de la Casa de Gobierno, a pocos días de la visita de su "amigo Mariano" Rajoy, como el líder PRO llama a su par español, que estará en la Argentina con unos 70 empresarios a los que el mandatario argentino piensa pedirle inversiones.
Justamente, Macri vinculó la reestatización de YPF, ocurrida hace ya 6 años, con el fracaso en la llegada de las prometidas inversiones: "Requiere un ciclo que las inversiones se pongan en marcha. Se debate en el seno de las empresas, se define el proyecto, se moviliza, se construye. Eso lleva dos o tres años".
La insólita defensa que Macri hizo de los intereses españoles y de las empresas que reclaman al país parece contraponerse con el argumento que utilizan los abogados designados por su gobierno ante la justicia de los Estados Unidos. Es que mientras el líder PRO critica la reestatización de YPF ante la televisión española, el Estado argentino reclama en los tribunales norteamericanos que la causa del fondo Burford contra la Argentina pase a ser juzgada aquí porque esa expropiación fue "un acto soberano".
En agosto de 2017, la justicia de los Estados Unidos le concedió cierto alivio al Gobierno de Macri, cuando, en una de las demandas que un fondo buitre inició contra el Estado argentino por la expropiación en 2012 de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol, los abogados que representan a la Argentina fueron notificados de que la jueza Loretta Preska concedió un stay (amparo) y congeló la causa que se inició a partir de la demanda del Fondo Eton.
Fuentes oficiales explicaron que como otra causa (un reclamo de tres mil millones de dólares presentado por el fondo de inversión Burford) está pendiente de decisión en la Cámara, la Argentina pidió frenar la causa Eton.
En otras palabras, en la causa Burford, la Argentina reclama lo que se denomina “excepción de foro no conveniente”, es decir, que la demanda se tramite en la justicia argentina, porque el Gobierno considera que la expropiación fue un acto soberano. “Lo que le pedimos a la jueza fue que otorgue un “stay”, es decir que esta causa (Eton, por u$s 500 millones) quede inmovilizada hasta tanto se decida la otra” (Burford), explicaron desde el Ejecutivo en aquel momento.
